La obligatoria rendición de cuentas ante los organismos fiscalizadores no parece rezar para algunos ayuntamientos. En la provincia, un centenar no han remitido información sobre su cuenta de resultados, el balance y el resultado de la liquidación de presupuestos. Como tampoco lo han hecho la mitad de las mancomunidades y las entidades menores. Pero entre los más señalados están tres de los ayuntamientos más grandes de la provincia.

 

Es el caso de Toro, Benavente y Puebla de Sanabria, tres de los núcleos de población más importantes de la provincia, que suman más de 30.000 habitantes. Ninguno de ellos ha cumplido con su obligación en los tres últimos años, lo que impide fiscalizar su labor de contención del déficit, una de las cuestiones fundamentales en estos tiempos.

 

El hecho de no remitir estos datos al Consejo de Cuentas de Castilla y León no supone, en principio, cometer infracción alguna. De hecho, muchos ayuntamientos sí que remiten el estado de su presupuesto y de sus arcas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y no al consejo. Y el motivo por el que lo hacen es simple: si la cartera de Montoro no tiene datos, no abona las partidas que corresponden al municipio.

 

Sin embargo, al margen de la obligación o no de presentar cuentas al consejo, la situación de las arcas de estos municipios es objeto de controversia y no es solo un olvido o una cuestión puramente administrativa. A finales de 2012, el Consejo de Cuentas fiscalizó la gestión del ayuntamiento toresano, al que recomendó, entre otras cosas, que cediera la gestión tributaria y recaudatoria a la Diputación. También apuntaba irregularidades en contrataciones municipales.

 

En el caso de Benavente, el Consejo de Cuentas ya reclamó en el pasado al Ayuntamiento que informara sobre sus cuentas y en 2008 le hizo un requerimiento al respecto. En una reunión el pasado mayo, el alcalde Saturnino Mañanes se comprometió a presentar las cuentas de 2011 el pasado septiembre y las de 2012, en marzo del próximo año.

 

La futura ley de la administración local planteó en principio importantes consecuencias para las administraciones locales que no rindieran cuentas. En principio, Montoro anunció la disolución de mancomunidades y entidades locales que no informaran sobre el estado de sus cuentas, como máximo, tres meses después de la entrada en vigor de la ley. Pero en verano rebajó la agresividad de la norma, que no supondrá la desaparición de ayuntamientos, ni la rebaja de poder de las diputaciones ni la desaparición de entidades ni la reducción del número de concejales. Eso sí, la obligación para las mancomunidades de presentar cuentas se mantiene.

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