El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez asiste mañana por la tarde en Madrid a la reunión constitutiva del Comité de Enlace y Coordinación contemplado en el Protocolo General de Colaboración sobre políticas sociales suscrito por Juan Vicente Herrera y Esperanza Aguirre el pasado 4 de junio en Valladolid.

El objetivo del Comité es el de velar por el cumplimiento y la aplicación de todos los acuerdos y medidas que se incluyen en el documento firmado por Herrera y Aguirre. Así mismo, quedará definida su composición que, por lo que respecta a la Junta de Castilla y León cuenta con los siguientes representantes: el secretario general de la Consejería de Educación, Francisco Javier Serna García; la gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos Ortega; el director general de Asistencia Sanitaria, José María Pino Morales y el director general de la Agencia de Protección Civil y Consumo, Luis Aznar Fernández. También formará parte de este órgano la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego.

La presidencia será asumida, también de forma paritaria por el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, y por el consejero de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. El Comité se reunirá al menos dos veces al año.

El Protocolo suscrito por los dos presidentes comprende actuaciones concretas en materia sanitaria, social y educativa además de iniciativas conjuntas relacionadas con la atención a la dependencia, a los mujeres víctimas de violencia doméstica, los jóvenes y los mayores.

Un ejemplo de estos compromisos es el que permitirá a más de 50.000 vecinos del valle abulense del Tiétar acudir a los hospitales madrileños de La Paz y Puerta de Hierro para recibir atención sanitaria especializada o de urgencias. Del mismo modo, los ciudadanos empadronados en Madrid, pero que temporalmente residan en zonas de las provincias de Ávila y Segovia tendrán los mismos derechos y accederán a los mismo servicios que los titulares de tarjetas del sistema sanitario público de Castilla y León.

Con la puesta en marcha del Comité se garantiza que todos los acuerdos recogidos en el Protocolo se cumplirán en los términos consensuados por las dos administraciones a partir del principio fundamental de facilitar a los ciudadanos que viven en las zonas limítrofes unos servicios públicos de calidad prestados de la manera más eficaz y acorde con las necesidades de esta población.

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