La Consejería de Administración Autonómica desarrolla diversas iniciativas para acercar los servicios públicos al ciudadano. Entre estas iniciativas se sitúa la apuesta por la administración electrónica. En este contexto y con el objetivo de proporcionar a cualquier persona el acceso a sus servicios electrónicos y telemáticos mediante la utilización de certificados digitales emitidos por Autoridad de Certificación de la Abogacía se ha firmado un Convenio con el Consejo General de la Abogacía Española, que hoy sale publicado en el Bocyl.

La Junta de Castilla y León continúa avanzando en la modernización para poder ofrecer a los ciudadanos unos servicios ágiles, accesibles y cercanos. En este contexto, se acaba de aprobar el  Plan de Administración Electrónica, que cuenta con 240 millones de euros y recoge 60 medidas, destinado a facilitar el acceso a los servicios públicos, establecer un modelo de implantación eficaz de administración electrónica y desarrollar la tecnología necesaria para esta implantación. 

La administración electrónica es una administración moderna y cercana, que se relaciona con la sociedad utilizando tecnologías de la información y de la comunicación, sin necesidad de desplazamientos a las oficinas tradicionales, sin emplear papeles, posibilitando realizar cualquier trámite a cualquier hora de cualquier día del año. El Plan de Administración Electrónica, que acercará a los ciudadanos, empresas y empleados públicos las diversas ventajas y oportunidades que ofrece la E-Administración, como son la reducción del número de desplazamientos o la disminución de tiempos de tramitación, contribuye de forma decisiva a hacer posible el derecho a la buena administración recogido en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía.

La utilización de la administración electrónica requiere -entre otros elementos habilitantes- disponer de un sistema de autenticación denominado certificado digital soportado por una tarjeta de firma electrónica. La Junta de Castilla y León, mediante la firma de un Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbrem, realiza tarjetas de firma electrónica para los empleados públicos que son usadas en los procesos que ya tienen implementado el sistema. También se utiliza para que este mismo servicio lo puedan dar los ayuntamientos a sus trabajadores sin coste adicional y para que los ciudadanos, gratuitamente, en las oficinas de registro gestionadas por la Dirección General de Atención al Ciudadano puedan obtener las tarjetas.

La aparición del DNI electrónico supone disponer de certificado digital en un soporte muy extendido, que permite -además de la identificación- la realización de trámites de administración electrónica en la medida que sea reconocida por las plataformas habilitantes, proceso ya realizado por la Junta de Castilla y León.

La Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento recoge refiriéndose a la firma electrónica que el objetivo a medio plazo es reconocer cualquier certificado, para lo que se impulsará la firma de convenios con las distintas autoridades de certificación de ámbito nacional. En este contexto la Junta de Castilla y León ya ha suscrito convenios con entidades que expiden certificados electrónicos a efectos de reconocimiento de validez de las mismas -como por ejemplo Camerfirma (Consejo Nacional de Cámaras de Comercio), Ancert (Agencia Notarial de Certificación) o Firmaprofesional SA- y se sitúa el firmado entre la Consejería de Administración Autonómica y el Consejo General de la Abogacía para el reconocimiento de sus certificados de firma electrónica.

Este convenio recoge la colaboración para que el módulo de identificación de usuarios de los servicios electrónicos y telemáticos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León reconozca la validez de los certificados electrónicos emitidos por la Autoridad de Certificación de la Abogacía para establecer formas de colaboración técnica que permitan una sólida integración de los Certificados Digitales en las aplicaciones informáticas desarrolladas por la Comunidad, de forma que se generalice su uso en beneficio de las empresas. Del mismo modo, se trata de facilitar el seguimiento y sistematización, por parte de la Comunidad, del nivel de uso de los Certificados Digitales, y el conocimiento de las entidades que realizan transacciones telemáticas estableciendo los mecanismos adecuados para dotar al sistema de certificación digital de una seguridad eficiente que permita la selección de las personas que intentan acceder al sistema, de forma que se garantice que sólo quienes estén autorizados, accedan y obtengan todas las prestaciones.

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