Según el Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, no existe riesgo de estanflación en España pero las subidas generalizadas de precios y el estancamiento del PIB indican lo contrario.

 

No parece que el mercado laboral vaya a remontar a corto ni a medio plazo hasta que los cambios estructurales que exige nuestro modelo productivo se lleven a cabo y comiencen a dar sus frutos reduciendo la desbocada tasa de desempleo española. Este mal endémico de nuestra economía se suma a la amenaza de estanflación. Tras dos ejercicios consecutivos de decrecimiento de nuestro PIB, nos enfrentamos ahora a una inflación creciente por el incremento del precio del crudo y materias primas en el mercado mundial, y por la subida, por ejemplo, de las tarifas de la luz y el gas, además de la Julio de 2010 en el IVA, en el marco nacional.

El riesgo continuado de inflación puede corregirse solo si las empresas incrementan su eficiencia pues, precisamente por el estancamiento en el que está sumida la economía y la atonía en la demanda es difícil para muchas de ellas, como las de transportes, trasladar el precio a los clientes. Difícil reto, pero posible y necesario. Hasta el momento los perjudicados han sido los pensionistas con la congelación de sus pensiones y un gran número de trabajadores (no solo los funcionarios) a los que, incluso, se les ha llegado a bajar sus salarios provocándoles una pérdida de poder adquisitivo.

Por el lado del Gobierno, poco margen. Tiempo atrás, optó por una política fiscal expansiva, mediante un incremento del gasto, tratando de impulsar la demanda. Lo que ocurre es que las medidas que se adoptaron fueron cortoplacistas y en buena medida basaron su razón de ser en el rédito político. Esto ocasionó un empeoramiento de las finanzas del Estado, lo que le llevó a incrementar la carga impositiva (subida del IVA) con el consiguiente riesgo de desalentar todavía más la inversión y ralentizar la recuperación económica. Pertenecemos al grupo de países que pretenden entrar en la recuperación pero que están obligados a abordar reformas para conseguirlo. A corto, medio y largo plazo.

El equilibrio exterior, la creación de empleo y la estabilidad de precios solo son posibles a través de mejoras de la competitividad, dada la imposibilidad de acudir a una política de tipo de cambio que permita devaluar. Para ello, es necesario diseñar e implementar políticas de oferta que intensifiquen los esfuerzos de las empresas por buscarla. También garantizar la estabilidad y la viabilidad de nuestro sistema energético, pues nuestra gran dependencia del exterior nos hace aún más vulnerables. Para ello se deberán analizar las fuentes energéticas sin demonizar ninguna, valorando cada una en su justa medida y planteando quizá la necesidad de acudir a una mezcla complementaria de todas ellas con el fin de satisfacer una demanda que, a su vez, deberá estar mucho más concienciada.

 

Nos enfrentamos a la necesidad de financiar un déficit brutal de balanza de pagos, una inflación diferencial creciente, una enorme deuda de familias y empresas y contamos aún con unos activos inmobiliarios sobrevalorados. Debemos buscar políticas estructurales a medio y largo plazo: formar capital humano; despertar el espíritu innovador; internacionalizar la economía haciéndola competitiva. En el corto plazo, la urgente reducción de gasto debe buscarla el Gobierno en la instauración de una correcta estructura administrativa que evite duplicidades, simplifique los trámites a particulares y empresas y prescinda definitivamente del clientelismo político que mantiene con cargos de libre designación, personal de confianza, asesores o televisiones públicas deficitarias. El político debe desaparecer de los órganos de dirección y control de las Cajas de Ahorro. Poniéndolas a su servicio, las han llevado al borde del colapso ocasionando un grave perjuicio a la sociedad. Para su rescate se ha pensado en todo menos en su viabilidad, su eficiencia y la protección de sus trabajadores. Ahora pretenden reformar la anterior reforma.

 

El obstáculo que tenemos para poder siquiera enfrentarnos a la crisis económica es la crisis ético moral que sufren los partidos políticos tradicionales (PP y PSOE; esto es, el PPSOE). Es requisito imprescindible para consensuar las necesarias políticas estructurales y llevarlas a cabo dejar a un lado la lucha electoralista del PPSOE. El discurso que ahora defiende el PPSOE (ante el clamor popular y la cercanía de las elecciones) de meter en cintura a las autonomías para controlar el déficit y evitar duplicidades (reformar el actual sistema autonómico español) lo ha planteado la portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, en diversas ocasiones en el Congreso de los Diputados y en todas ellas tanto el Gobierno (alegando que no tenía capacidad jerárquica sobre ellas) como el PP se han opuesto a abordar esa cuestión. Claman por un cambio pero en sus Autonomías hacen lo contrario. Pura hipocresía.

Las Diputaciones Provinciales, al igual que ocurre con quienes parecen ser su razón de ser y las sostienen: los Ayuntamientos más pequeños, son inviables. Los últimos no pueden prestar los servicios a sus vecinos y es necesario reorganizarlos. Menor número y mayor tamaño. No pueden exceder sus competencias. Tiempo atrás, con el dinero procedente de la construcción, solucionaron multitud de carestías creando nuevas partidas de gasto que pretendían financiar con este dinero, conceptualizando ingresos que eran extraordinarios como si fuesen ordinarios y dando por supuesto que esos nuevos ingresos iban a continuar produciéndose, y a un ritmo creciente, indefinidamente. Ahora nos encontramos con que un gran número de consistorios están técnicamente quebrados.

Nunca es tarde para hacer posible lo que es necesario. No perdamos la oportunidad de instaurar el sentido común.

 

Por Álvaro Aparicio Mourelo. Responsable de Economía de UPyD en Castilla y León.

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