En la última Comisión de Gobierno de nuestro Ayuntamiento, 26 de diciembre de este año, se ha confirmado la crisis por la que atraviesa el Equipo de Gobierno Socialista cuando su Concejal, Justo Fernandez, rompía la disciplina de voto en contra del Alcalde y los demás Concejales socialistas posicionandose del lado de la legalidad y ratificando lo que siempre ha venido denunciando el Partido Popular de Benavente en el caso del “Edificio Pintado”.

Por nuestra parte, el Grupo de Concejales del Partido Popular, hemos solicitado hoy, 30 de diciembre, el expediente relativo al mencionado Edificio Pintado y poder conocer la situación actual de este edificio que, con el beneplácito y el apoyo del Equipo de Gobierno Socialista, sin duda es uno de los mayores escándalos urbanísticos de este mandato socialista.

En el caso del “Edificio Pintado” se da la incongruencia de que ahora el Alcalde da la licencia de apertura a un negocio que se encuentra ubicado en un edificio fuera de ordenación por alineación en sus dos fachadas y que con una licencia de reforma de fachada, pintura y poco más, el actual Equipo de Gobierno socialista ha permitido que quede consolidado por muchos años sin que alinearse con el resto de construcciones colindantes, originando los correspondientes perjuicios en el interés público al estrechar la calle Jesús García Muñoz de por vida. Este Grupo de Concejales denunció en varias ocasiones la ilegalidad que se estaba produciendo, desde que dieron comienzo las obras, aportando datos y evidencias fotográficas de las mismas, pero el Alcalde y los Concejales socialistas desoyeron las denuncias y han permitido la consolidación del Edificio en la más absoluta ilegalidad y de espaldas al pueblo y a sus intereses.

Recordamos al Alcalde y a los Concejales de la Comisión de Gobierno, Vicente Matilla, Purificación Fraile y Manuel Florez, la responsabilidad legal adquirida en este asunto, mayor si cabe, después de la accidentada historia de esta obra llena de quejas y denuncias, así como el plazo de prescripción de cuatro años en estos casos. Así pues, serán ellos quienes habrán de responder personalmente ante la justicia cuando este asunto, con toda seguridad, se resuelva en los tribunales.

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