Los Presupuestos de la Comunidad para 2009 alcanzan los 10.584 millones de euros, el 1,93% más, marcados por la austeridad y la contención del gasto público. La inversión pública aumenta el 13,54% para afrontar la crisis económica.

El Consejo de Gobierno, reunido en la mañana de hoy en Valladolid en sesión extraordinaria, ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2009. En un ejercicio de responsabilidad, las cuentas de la Junta de Castilla y León para el año que viene son austeras, restrictivas y están marcadas por la contención del gasto público, como corresponde al momento actual de gran incertidumbre económica. Aun así los Presupuestos regionales alcanzan un nuevo techo histórico de ingresos y gastos que asciende a 10.584,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,93% respecto a 2008.
El proyecto de ley se ha elaborado con una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2009 del 1,0%, la misma que para España. Contempla una tasa de paro del 10,9% -1,6 puntos por debajo de la media nacional-, que implica la reducción de 4.100 empleos.
Las cuentas de Castilla y León para el próximo fijan el déficit público en el 0,65% del PIB regional, un porcentaje inferior al límite del 1% que permite la Ley de Estabilidad. La Junta ha preferido no agotar este margen por prudencia, dado que todavía existen muchas incógnitas sobre la evolución de la situación económica en 2009 y 2010.
El déficit presupuestario se traducirá en la emisión de deuda pública nueva por importe de 398,6 millones de euros en 2009. De esta cantidad 152 millones corresponden a un Plan de Inversiones Productivas, que ha sido autorizado por el Ministerio de Economía y Hacienda y equivale al 0,25% del Producto Interior Bruto. El resto, 246,6 millones (el 0,4% del PIB), supone hacer uso de la posibilidad legal de endeudarse en el 0,75% adicional sin presentar plan de saneamiento, que se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 8 de octubre. Como consecuencia de todo ello la deuda viva de la comunidad se situará a finales de año en 2.193 millones.
Por una parte, ha sido necesario recurrir al déficit como consecuencia de la negativa evolución de la recaudación tributaria, que se ha visto muy afectada por el ajuste del mercado inmobiliario. A esto hay que añadir la reducción de los ingresos procedentes del modelo de financiación autonómica, reflejados en los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Prueba de ello es que la cantidad consignada por el Ministerio de Economía y Hacienda para el Fondo de Suficiencia para Castilla y León experimenta un recorte del 3,4%.
También caen los ingresos procedentes de la UE, que se limitan a 230 millones de euros (el 5,11% menos). Esto se debe a la considerable reducción de los fondos Feder, FSE, Feaga/Feader y el Fondo de Cohesión.

CONGELACIÓN DE LOS SUELDOS DE LOS ALTOS CARGOS
En consonancia con el carácter restrictivo y austero de todo el proyecto de ley, los gastos corrientes no sociales se recortan significativamente, en un porcentaje del 12,1%. Algunas de las partidas que más bajan son las de atenciones protocolarias y publicidad y promoción, que caen a la mitad. Los recursos destinados a reuniones y conferencias se reducen el 30,3%; el gasto en publicaciones, el 29,8%; la factura de comunicaciones, el 15,9%; y el gasto en material de oficina, el 11,7%.
La contención también se refleja en la congelación de los sueldos de los altos cargos de la Administración autonómica. En el caso de los empleados públicos, los gastos de personal se incrementan el 3,1%. Las retribuciones básicas (salario y trienios) y complementarias aumentan el 2% y se garantiza el cumplimiento de los acuerdos del diálogo social, además de incorporar a las pagas extraordinarias la totalidad del complemento específico.

EL GASTO SOCIAL VUELVE A SER LA PRIORIDAD
Los Presupuestos de la Comunidad para el próximo año reafirman la apuesta de la Junta por el gasto social de calidad, al que se dedican 7.099 millones de euros, el 2,47% más. Esto supone que las políticas de sanidad, educación, servicios sociales, empleo y vivienda, las más relevantes puesto que dan respuesta a las principales necesidades de los ciudadanos, se llevan dos de cada tres euros de las cuentas regionales.
La sanidad cuenta con 3.398 millones de euros en 2009, el 32,11% del total. De esa cifra 1.296 millones se dedicarán a la Atención Primaria y 1.819 a la Especializada, con aumentos del 2,67% y el 3,61%, respectivamente.
La educación consume 2.217 millones de euros, casi el 21% del Presupuesto. Destaca el incremento de la partida para los gastos de funcionamiento de las universidades, que sube el 6,53% y se sitúa en 348 millones de euros. Los créditos para la enseñanza escolar ascienden a 1.724 millones, el 1,77% más, y en este campo es digno de mención el crecimiento del 31,62% de los recursos para becas por gratuidad de libros y del 5,26% para el transporte escolar.
Las medidas que tienen como protagonistas a las familias se llevan 863 millones de euros, el 8,16% del conjunto de los recursos. Uno de los principales aumentos es el de la partida destinada a la aplicación de la Ley de la Dependencia, dotada con 466 millones de euros, el 11,09% más. Asimismo, crece considerablemente la cuantía para los servicios sociales básicos, que se sitúa en 118 millones (se incrementa el 18,21%); la atención a personas con discapacidad, para la que se habilitan 138 millones, el 9,8% más; y la atención a personas mayores, que dispone de casi 218 millones (sube el 8,64%). Aumentan el 2,57% las ayudas a la natalidad y el 3% las de guarderías.
El fomento del empleo se dota con 335 millones de euros, de los que 275,5 nutren el Servicio Público de Empleo (Ecyl), que recibe el 2,15% más. Para la Formación Profesional se reservan 190,5 millones de euros.
Por último, las políticas de vivienda experimentan una subida del 22,34%, y a ellas se dedican 131 millones de euros. De esa cantidad 64,7 millones son subvenciones a la compra y el alquiler, 17,8 son para construcción y 48,2 se invertirán a través de la empresa pública Provilsa.

PARTIDA ESPECÍFICA PARA EL PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR
Junto al gasto social de calidad, el Gobierno de Castilla y León tiene otros cuatro grandes objetivos: reforzar la competitividad de la economía, el desarrollo equilibrado del territorio, la colaboración con las entidades locales y la cooperación al desarrollo.
Con el fin de impulsar el crecimiento económico se destinan 537 millones de euros a políticas de respaldo a las empresas, el 28,55% más. De esa cantidad 91,6 millones son medidas de apoyo a la industria agroalimentaria, 179,7 serán gestionados por la ADE, 227,3 se dedican a los polígonos industriales a través de Gesturcal y 38,9 a los enclaves logísticos de la mano de Provilsa. Además se invierten 712,3 millones de euros en infraestructuras básicas y medio ambiente, el 1,91% más (292,6 en carreteras, 229,8 millones en protección ambiental, 121,2 en obras de abastecimiento y saneamiento y 17,8 en infraestructuras complementarias del transporte, entre otras).
El gasto en ciencia y tecnología asciende a 318 millones de euros, lo que supone cumplir con el objetivo de que suponga al menos el 3% del Presupuesto regional.
La búsqueda del equilibrio territorial se traduce en una dotación de 699,8 millones de euros para el desarrollo rural, que se invertirá en la construcción de regadíos e infraestructuras agrícolas (154,9 millones), ayudas a la producción agraria (64,6), apoyo a las empresas del sector (186 millones de euros) y actuaciones medioambientales (170,4), entre otras.
Ahora bien, en este punto lo más relevante es que se consigna una partida diferenciada de 125 millones de euros para la puesta en marcha del Plan Plurianual de Convergencia Interior, que está siendo confeccionado por la Junta. Con ello se satisface el mandato del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que en su disposición adicional segunda estableció la obligación de elaborarlo.
Como consecuencia de esto, el valor de las medidas relacionadas con el cumplimiento de la Estrategia contra la Despoblación se sitúa en 2.195 millones de euros, el 13,4% más.
Para la colaboración con las entidades locales se habilitan 467 millones de euros. Destaca el compromiso con el Pacto Local, con un crecimiento del 21,21%.
Por último, la solidaridad se traduce en 19,4 millones de euros para las políticas de cooperación al desarrollo, el 16,44% más.

DISTRIBUCIÓN POR CONSEJERÍAS
La distribución del gasto por consejerías es coherente con las prioridades presupuestarias. Así, hay ocho departamentos del Gobierno regional que dispondrán de mayores recursos respecto a 2008: Familia e Igualdad de Oportunidades (el 5,51% más), Interior y Justicia (4,21%), Sanidad (2,26%), Educación (2,23%), Fomento (1,93%), Economía y Empleo (1,19%), Agricultura y Ganadería (1,19%) y Cultura y Turismo (0,78%).
Por el contrario, bajan los créditos de Medio Ambiente (-2,22%) y de las tres consejerías de la Junta de carácter horizontal, Presidencia (-2,82%), Administración Autonómica (-2,15%) y Hacienda (-1,32%).

CONTINÚA EL RITMO INVERSOR Y SE MANTIENEN LOS BENEFICIOS FISCALES
La Junta de Castilla y León ha querido mantener el ritmo inversor de ejercicios anteriores, y a este fin destina casi 2.003 millones de euros que implican un sustancial incremento del 13,54%. De esta cantidad 1.612,3 millones son inversiones reales (capítulo 6 del Presupuesto) y los 390,6 restantes serán ejecutados por las empresas públicas.
También se mantienen los beneficios fiscales actuales, de los se estima que disfrutarán 135.891 castellanos y leoneses, que se ahorrarán impuestos por importe de 328,8 millones de euros. De esta cifra 287,8 millones tienen que ver con las políticas de apoyo a la familia, 34,1 con las de vivienda, 6,1 con el fomento del empleo y 775.000 euros con las deducciones por donaciones para la conservación del patrimonio histórico, artístico y natural.
El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2009 se entrega hoy a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Con ello se cumple lo establecido en el artículo 89 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que obliga a la Junta a presentar sus cuentas en el Parlamento regional antes del 15 de octubre de cada año.

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