Izquierda Unida considera que la Alcaldesa no es competente para realizar acciones judiciales contra concejales “por motivos y competencias que corresponden al Pleno de la Corporación“.

Según los artículos 21 y 22 de la LBRL la Alcaldesa y el Pleno son competentes para “el ejercicio de acciones judiciales y administrativas en la defensa del Ayuntamiento en materias de su competencia“, añadiendo en las competencias de la Alcaldesa que podría “interponer acciones judiciales que competan al Pleno por razones de urgencia, dando cuenta al Pleno en la Primera sesión que celebre“.

En el mismo artículo 22.c se contempla como competencia del Pleno no delegable, lo concerniente al “planeamiento de la ciudad“. Por lo tanto cualquier acción judicial en defensa del Ayuntamiento por “divulgación del PGOU” debe corresponder al Pleno y no a la Alcaldesa, ya que el planeamiento de la ciudad no está dentro de sus competencias.
Según Izquierda Unida, será competencia de la Alcaldesa preparar una propuesta para que el Pleno apruebe o no el planeamiento propuesto, pero la supuesta filtración no se refiere a “la propuesta del PGOU de la Alcaldesa“, sino que la “filtración” se refiere al trabajo completo y registrado en el Ayuntamiento que sobre ello ha realizado la Universidad de Valladolid (UVA).

Izquierda Unida considerá que las competencias para interponer acciones judiciales en defensa del Ayuntamiento en materia de urbanismo según la Ley de Bases de Régimen Local es del Pleno corresponde al pleno de la corporación municipal, y en todo caso queda claro que la Alcaldesa no ha interpuesto acciones por razones de urgencia ya que ayer en el Pleno no dio cuenta de manera oficial de ello.

Por lo tanto, Francisco Guarido considerá que la querella se ha interpuesto por órgano manifiestamente incompetente para ello. Francisco Guarido solicito que la querella sea retirada tanto por el fondo, como por la forma, además de por las razones expuestas.

 IU avisa a la Alcaldesa de Zamora que de persistir en la querella “privada” deberá de ser la propia Alcaldesa la que deberá de abonarla personalmente por ser una querella “particular”, no interpuesta en razón del cargo.

Tanto Franciso Molina como Francisco Guarido han solicitado al ayuntamiento que les facilite un abogado y procurador puesto que los hechos por los que se les ha demandado corresponden al ejercicio de su actividad como concejales y no a título privado.

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