*Opinión.– Cuando una parte muy importante de la opinión pública cuestiona y coacciona a jueces y tribunales el Estado de Derecho se tambalea. Más aun cuando líderes de los principales partidos políticos buscan rentabilizar la indignación colectiva. ¿Cuántos inocentes compensan un culpable? ¿Uno? ¿Diez? ¿Cien? Esto es lo que nos estamos jugando. Comprendan mi cabreo. No entro a valorar la Sentencia porque carezco de fundamentos jurídicos sólidos como los que poseen los tres jueces que resolvieron, pero haríamos bien en discernir conceptos y posiciones. Por ejemplo: las de todos aquellos que rechazan ciertas prácticas sexuales y muestran una actitud moralista e inadecuada para los tiempos que corren, en el que una mujer no puede dar libremente el consentimiento y realizar actos sexuales en grupo. He aquí la clave, el consentimiento. Cómo probar una falta del mismo no verbalizado. Cómo apreciar violencia o intimidación cuando la propia denunciante no lo denuncia. Se me escapa y reconozco que no sé. Tal vez, esto sea lo complicado, saber que no se sabe y confiar en la separación de poderes y en el poder judicial, en la garantía que supone la doble instancia en el orden penal y leer la extensa argumentación lógica y coherente de la propia Sentencia, incluyendo el voto particular. Esto resulta verdaderamente difícil cuando el Ministro de Justicia acusa al magistrado del voto particular de tener “un problema singular”. De manera zafia e indeterminada. Algo inadmisible en una persona con sus responsabilidades. De haber oposición imaginamos que se hubiera sumado al comunicado de las siete asociaciones existentes de Jueces y Fiscales pidiendo su inmediata dimisión, pero es más cómodo ponerse de parte de lo que ellos creen que piensan la mayoría de votos, porque para ellos no somos personas o ciudadanos libres e iguales sino votos. Y a un voto se le habla como a un niño y sólo se le dice lo fácil y lo que puede asimilar. En cambio, a un adulto habría que explicarle que, según datos oficiales, sólo catorce personas de cien terminan su condena en libertad condicional. Y que nueve años son nueve años, que los jueces se guían por principios de independencia y legalidad y que deben condenarte más allá de toda duda razonable. Y, por encima de todo, que sólo ellos han podido acceder a la totalidad de pruebas en la celebración del proceso. Porque se puede tener un discurso fuerte contra el sometimiento de la mujer, el respeto a la libertad sexual de cada persona y luchar para terminar con la lacra que suponen determinadas actitudes machistas sin tirar la balanza al suelo. O mancharla.

*Roberto Prada Gallego.
Estudio Derecho en la Universidad de León

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