Unas 300.000 empresas de España, sobre todo pymes, están en peligro de desaparición por retraso en el cobro de facturas, según el Informe sobre la ley 3/2004 de lucha contra la morosidad elaborado por el Centro de Estudios de Morosología (CEM) de EAE Business School.

Según el estudio, la morosidad en el cobro de facturas es la causa de una de cada tres quiebras en España, especialmente entre las pymes, que representan el 99,90% del tejido empresarial, suponen un 68% del PIB y concentran el 79% de los empleos.

Además, expone que “se está produciendo el efecto dominó de impagos que genera una degradación general de pagos y la creación de una nefasta reacción en cadena”. “Estamos en una pandemia de morosidad que dejará pequeña la del 93”, añade.

El texto también señala que sólo el 5% de las más de 2.700.000 empresas afectadas por la morosidad aplica la ley 3/2004.

Los sectores más afectados

Los sectores de la alimentación, con 100 días de plazos de pago, y la construcción, con 230, son los menos cumplidores de la ley de lucha contra la morosidad. En el contexto europeo, y según el informe, España sigue ocupando uno de los primeros lugares en el ranking de demoras en los cobros.

Sin embargo, y a pesar de que en los últimos meses la crisis ha agudizado el problema de impagos, la morosidad no es sólo imputable a causas coyunturales, sino también estructurales y culturales.

“Muchas empresas demoran intencionadamente los pagos a proveedores para obtener beneficios atípicos gracias al ‘floal’ comercial obtenido mediante los flujos de efectivo retenidos“, explicó el director del informe, Pere J.Brachfield.

Legislación antimorosidad

Ante esta situación, el documento propone doce propuestas para la mejora de la legislación antimorosidad, con el objetivo de erradicar sobre todo las causas estructurales.

Entre estas medidas figuran aprobar un Reglamento que determine un plazo de pago máximo y fije el límite de plazo abusivo, crear un observatorio oficial de la morosidad que informe sobre la evolución de los plazos de pago, y crear un organismo oficial que tutele la aplicación de la Ley contra la morosidad en España.

También propone establecer legalmente la indemnización de los costes de recobro, establecer procedimientos de reclamación simplificados para las deudas de bajo importe, cambios en la normativa de impuestos para facturas incobrables, regular las empresas de recobro de deudas y crear ficheros públicos de solvencia y morosidad.

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