Los consejeros de las comunidades autónomas de Castilla y León, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Comunidad Canaria y Comunidad de se han reunido hoy en el Palacio de Fuentehermosa de Valencia para participar en el “II Foro sobre Dependencia en las Comunidades Autónomas”. Al encuentro asistió César Antón Beltrán, consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, comunidad que albergó el “I Foro sobre Dependencia en las Comunidades Autónomas”, que tuvo lugar en la ciudad de León el pasado 19 de mayo de 2008.

Transcurridos seis meses desde la reunión celebrada en León, donde se plantearon unas propuestas de apoyo y colaboración al Gobierno central para la aplicación de la Ley de la Dependencia, el Ministerio no sólo no ha avanzado en el desarrollo de la aplicación de la Ley sino que ha dejado de cumplir sus compromisos.

En primer lugar, no ha establecido un marco regulador que establezca para toda España la determinación de la capacidad económica del beneficiario y los criterios de participación de estos en las prestaciones del Sistema de Dependencia. Es decir, a día de hoy los ciudadanos desconocen cuál será su aportación en los servicios que reciba.

Por otro lado, tampoco ha definido los criterios comunes de acreditación que garanticen la calidad de los centros y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia, dado que no está dispuesto a asumir el coste que supone la aceptación de las propuestas de los agentes sociales.

Y finalmente, la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas es insuficiente y no asegurada en el tiempo, lo que hace peligrar la aplicación real y eficaz de la Ley, no garantiza la sostenibilidad del Sistema Nacional de Dependencia ni el acceso en igualdad a los Servicios y Prestaciones.

La financiación prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el 2009  para la aplicación de la Ley de la dependencia no sólo es claramente insuficiente para garantizar a los ciudadanos los derechos establecidos en la Ley, sino que las partidas presentadas son el resultado del incumplimiento de los pagos que en materia de dependencia debería de haber realizado el Estado a las Comunidades Autónomas en los años anteriores.

En estos momentos, las Comunidades Autónomas reunidas hoy en Valencia manifiestan que no han recibido las cuantías comprometidas por el Gobierno central ni del mínimo ni del nivel acordado, incumpliendo tanto la Ley y el Real Decreto que regula el pago de las prestaciones, como la resolución de 8 de agosto donde se establecía el pago a las Comunidades Autónomas del 75% del nivel acordado en el mes de septiembre.

La falta de financiación suficiente obliga a las personas en situación de dependencia y a las Comunidades Autónomas a soportar el 80% del coste de los servicios. Los ciudadanos aportan más que el propio Gobierno central en el pago de los servicios residenciales. Esta situación se agrava por el incumplimento del Gobierno central en los pagos acordados.

A esta situación ya preocupante, hay que añadir que desde el año 2006, año en el que todavía no se había aprobado la Ley de la Dependencia, las partidas relacionadas con los servicios sociales o han desaparecido o se han congelado: el Gobierno central ha dejado de financiar 71 millones de euros destinadas a la atención a personas mayores o enfermas de alzheimer (Plan Geróntológico Nacional). En los Presupuestos Generales del Estado para 2009 ha desaparecido el Plan Estatal del Voluntariado, y se ha reducido en 30 millones de euros el programa de apoyo a las familias y atención de menores. De esta forma, el Gobierno central ha recortado 115 millones de euros de los Presupuestos destinados a la atención de las familias y personas más desfavorecidas, objetivo fundamental de los servicios sociales.

Por otro lado, en 2009, tampoco aumenta las partidas necesarias para que las corporaciones locales puedan atender el derecho de los ciudadanos a la ayuda a domicilio y teleasistencia (Plan Concertado).

Por tanto, las Comunidades Autónomas reunidas hoy en la ciudad de Valencia, EXIGIMOS al Gobierno de España que ponga en marcha las siguientes medidas para asegurar la atención a las personas dependientes en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional y para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema:

PRIMERO. Dotar al Sistema de Atención a la Dependencia de una financiación suficiente y asegurada en el tiempo, por parte de la Administración General del Estado, que garantice la sostenibilidad financiera del sistema y su futuro desarrollo.

SEGUNDO. El pago inmediato de los más de 100 millones de euros que el Estado debe a las Comunidades Autónomas reunidas hoy en Valencia.

TERCERO. Dotar al Sistema de Atención a la Dependencia de un marco regulador que establezca para toda España la determinación de la capacidad económica del beneficiario y los criterios comunes de acreditación que garanticen la calidad de los centros y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia.

CUARTO. Establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes Administraciones.

QUINTO. Anticipar la revisión prevista en la Ley en relación a su aplicación para mejorar el procedimiento y agilizar los trámites que permitan dar una mejor respuesta a los ciudadanos.

SEXTO. Revisión del procedimiento de aplicación de la Ley, (sistema de valoración, baremo, etc.) para tener en consideración las características de algunas discapacidades y enfermedades vinculadas al envejecimiento o a la enfermedad mental a fin de garantizar que tengan un acceso efectivo al sistema de dependencia.

SÉPTIMO. Trasladar al Consejo de Política Fiscal y Financiera las necesidades financieras del Sistema de Atención a la Dependencia para dotar a las Comunidades Autónomas de fondos suficientes para el desarrollo de la Ley.

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