El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha calificado de “muy satisfactoria” la aplicación de los 125 millones de euros contemplados en el Plan de Convergencia Interior y que, mediante un decreto-ley aprobado a finales de mayo, se decidieron destinar a generar empleo en el medio rural y aliviar la deuda de las entidades locales de la Comunidad.

Las últimas cifras provisionales, ya que las entidades locales tienen plazo hasta el 15 de mayo para realizar las contrataciones certifican la utilidad de la decisión acordada con la oposición política. De este modo, a 30 de noviembre, se habían consignado mediante subvenciones directas 124,9 millones de euros a los ayuntamientos que, de igual modo, han hecho frente a pagos a acreedores por un importe superior a los 7,6 millones. Por su parte, las diputaciones han recibido casi 12,5 millones de euros, una cantidad que ha permitido complementar los planes y actuaciones contempladas por las instituciones provinciales en cada zona.

El dato más significativo, ya que constituye uno de los objetivos que motivaron el destino de los 125 millones de euros del plan a estos fines, es la contratación de 5.017 personas por parte de las entidades locales. Del total, 4.874 corresponden a los ayuntamientos y 143 a las diputaciones.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez ha recalcado la “satisfacción” del Gobierno autonómico por estas cifras ya que la intención del Ejecutivo siempre ha sido la de “generar empleo” y, sobre todo, “reactivar la actividad económica mermada por la crisis”. El hecho de que esta actuación se haya extendido en 2.233 municipios de la Comunidad ha permitido, según ha señalado el consejero y portavoz, “llegar a también a las zonas rurales donde, en ocasiones, es más difícil conseguir esos puestos de trabajo”.

Por provincias, son las entidades locales de León y Salamanca las primeras receptoras de las ayudas con 26,6 y 20,4 millones de euros, respectivamente. En cuanto a los puestos de trabajo creados, es la provincia leonesa la que encabeza la relación con 1.015 trabajadores contratados, seguida por Valladolid, con 755; Zamora, con 617 y Ávila, con 485.

AGILIZACIÓN DE LOS PAGOS

Hay que destacar la agilidad en la gestión de estas cantidades ya que fue a finales del mes de mayo cuando se dio luz verde a la aprobación de las actuaciones a través de la fórmula del decreto-ley. Lo que pretendía la Junta de Castilla y León era dinamizar la actividad económica y, sobre todo, “generar empleo en las zonas rurales de la Comunidad”, ha recordado el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Para conseguir los objetivos marcados era “fundamental” que el dinero llegase cuanto antes a los municipios y a las diputaciones, algo que ya se ha conseguido, y que ha permitido realizar contrataciones que han ayudado a que los últimos datos conocidos sigan siendo mejores que la media nacional.

Los objetivos a conseguir con la aplicación de estos 125 millones de euros son la contratación de personas desempleadas, preferentemente que no cobren ningún tipo de subsidio o prestación; el aumento de la inversión pública en el ámbito local y la agilización en el pago de acreedores de los municipios por operaciones correspondientes a inversiones. Estas medidas de apoyo urgente se han dirigido a municipios de menos de 20.000 habitantes.

La coyuntura económica ha hecho conveniente destinar la dotación prevista en el Plan Plurianual de Convergencia Interior sin perder de vista el fin para el que se previeron: eliminar los desequilibrios económicos y demográficos, evitar que se profundicen como consecuencia de la actual situación económica financiando actuaciones con entidades locales que dinamicen a corto plazo la actividad económica y el empleo en su ámbito territorial.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

En cuanto a las líneas de actuación a las que han hecho frente, la primera, dirigida exclusivamente a los ayuntamientos, está permitiendo hacer frente al pago de facturas pendientes en operaciones correspondientes a inversiones. Los beneficiarios sólo podrán disponer, en su caso, de un máximo de 5.000 euros o el 10% de la cantidad concedida.

La segunda finalidad, a la que se ha reservado la mayor dotación, tiene como objetivo la contratación, durante al menos seis meses, de personas desempleadas que estén empadronadas en Castilla y León al menos desde hace dos años y que, preferentemente, no cobren ningún tipo de subsidio ni prestación. A esta línea, las entidades deben destinar, como mínimo, un 60% de las ayudas. La tercera línea de acción permite financiar equipamientos, proyectos y obras.

Las actuaciones financiadas con cargo a estas dos últimas líneas deben realizarse preferentemente en los sectores que la propia norma recoge, tales como servicios comunitarios públicos y tareas de interés social, forestal y medioambiental, y turístico y de conservación del patrimonio cultural.

De acuerdo a los criterios de reparto entre los 2.233 municipios de la Comunidad con menos de 20.000 habitantes, se ha tenido en cuenta su población de derecho ponderada por el nivel de desempleo, de forma que cada habitante cuenta uno y cada parado cinco, a partir de los datos del padrón del 1 de enero de 2008 y del paro registrado en el mes de abril de 2009.

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