Su actitud electoralista, ante la inconstitucionalidad del Estatuto Catalán, exige de una intervención inmediata que ponga fin a una labor presidencial personalista, interesada, arbitraria y contraproducente para el Estado de Derecho y la Unidad territorial.

Logo del partido político "Democracia y Regeneración Política"
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Por fin, después de varios años agobiado por las presiones políticas, el Tribunal Constitucional ha resuelto uno de los varios recursos planteados contra el Estatuto de Cataluña dictaminando que, la organización de la Justicia a la aspiran los nacionalistas, es notoriamente anticonstitucional, especialmente, en lo que se refiere a la creación de un Consejo de Poder Judicial y un Tribunal Supremo específico para Cataluña. La Constitución de 1978, en su art. 117-5, sobre la unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, no puede ser más clara. “El principio de unidad se asienta en una única organización del Poder Judicial”, siendo uno de los pilares básicos del Ordenamiento Jurídico, esencial en un régimen democrático.

Tras hacerse pública la resolución del Constitucional y para satisfacer intereses electorales, Zapatero, aún así, osa ir contra de este dictamen, saliéndose con la suya, y anunciando el estudio de una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial al objeto de introducir en ella los preceptos declarados inconstitucionales al tiempo que les otorga su toque de gracia personal con el único fin de complacer a sus socios catalanes.

En Democracia y Regeneración Política (DRP), consideramos que la actuación de Zapatero no solo atenta, gravemente, contra la organización de la Justicia sino, lo que es más peligroso aún, cuestiona la propia existencia del Estado de Derecho. Ante tal agresión, DRP invita al Presidente del Gobierno a que, si no le gusta como estamos organizados, tenga al menos la valentía de iniciar un procedimiento de reforma constitucional, adaptando aquellos aspectos que han resultado perjudiciales para el funcionamiento democrático y otorgando la última palabra al pueblo a través de un referéndum.

Nuestro partido considera que, por la propia singularidad egocéntrica y unidireccional de quien nos gobierna, es urgente poner en marcha un procedimiento constitucional que aleje, in extremis, de la labor presidencial a quien nos está conduciendo, de forma personalista, interesada y arbitraria, a una situación insoportable territorial, política y económicamente.

Somos conscientes de las dificultades que entrañan los procedimientos para apartar a un presidente del Gobierno de sus funciones pero habría que analizar si esa conducta excede de la meramente política para poder demandarle responsabilidades de otro orden, en caso de no prosperar. Es un deber, en definitiva, de la oposición hacer frente a los abusos del poder ejecutivo poniendo en marcha las actuaciones pertinentes para una auténtica y profunda regeneración de la democracia española delimitando, de forma clara y patente, el campo de la actuación política para no se produzcan situaciones al límite como la que, actualmente, estamos padeciendo los ciudadanos españoles.

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