La directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, María de Diego Durántez, ha defendido la posición inequívoca de la Junta de defensa de los intereses de los profesionales del campo y la ganadería de Castilla y León, en el transcurso de la reunión de la Comisión de Recursos Naturales del Comité de las Regiones celebrada en la localidad francesa de Clermont-Ferrand. La Comisión ha debatido un Dictamen sobre el futuro de la Política Agrícola Común presentada por la región italiana de Trentino-Tirol del Sur y que, en líneas generales, se corresponde con la apuesta por el sector agrario y ganadero que mantiene el Gobierno de Castilla y León.

 

La Junta ha presentado seis enmiendas a este Dictamen en el que se insiste, tal y como viene reclamando la Junta de Castilla y León, en conseguir una PAC fuerte y comprometida con los agricultores y ganaderos, motor de la economía castellano y leonesa y que deben recibir la prioridad absoluta como productores en lugar de estar condicionados por una política más enfocada en cuestiones medioambientales. Como explica la directora general, “ante la falta de compromiso del Gobierno central a la hora de defender los intereses de Castilla y León, la Junta tiene la responsabilidad de hacer oír su voz en todos los foros en los que está presente, y de manera particular, en organismos comunitarios, como el Comité de las Regiones”.

El Dictamen también refuerza las tesis de la Junta en el denominado “componente verde” de las ayudas, ya que propone una reflexión sobre si este objetivo puede alcanzarse reforzando el programa agroambiental incluido en el segundo pilar de la PAC, en lugar de incorporarlo con carácter obligatoria a las ayudas directas.

En líneas generales, la posición castellano y leonesa se ve refrendada por el documento analizado hoy por la Comisión de Recursos Naturales del Comité de las Regiones porque en el texto se incluyen referencias concretas a una financiación suficiente que equivalga, al menos a la cantidades actuales y que garantice un nivel básico de renta para los profesionales del campo. Además, defiende la idea de “agricultura activa”, como la mejor forma de garantizar la actividad agraria y responder a los retos del futuro.

Las enmiendas que ha defendido hoy María de Diego Durántez pretenden reforzar el papel de algunos de los sectores con mayor presencia en Castilla y León, como el remolachero y azucarero ya que es el único que, de hecho, recibe una mención expresa en el documento europeo. Castilla y León es la comunidad española con mayor producción de remolacha, por lo que la enmiendas insiste en este sentido, una petición avalada, a su juicio, por la escasez de la producción azucarera en Europa.

“Creemos en el futuro del campo de la Comunidad y en el papel protagonista de los agricultores y de los ganaderos como dinamizadores de nuestra economía y de la actividad en el medio rural de Castilla y León”, afirma De Diego, “y esta idea es la base de todas las enmiendas planteadas desde la Junta”.

De igual manera, también se apuesta por mantener e incrementar la competitividad de nuestro sector primario. En concreto, otra de las enmiendas subraya, según manifiesta María de Diego “la importancia del segundo pilar de la PAC para la modernización de la agricultura, el mantenimiento y la mejora de las estructuras agrarias y, en particular, la supervivencia y el desarrollo de las zonas rurales en su conjunto”.

Para alcanzar estos objetivos, la Junta de Castilla y León considera necesario contar con una política de desarrollo rural que responda a la competitividad de la agricultura y que delimite una parte de esta política para actuaciones en materia de estructuras  e infraestructuras agrarias y de la industria agroalimentaria.  “Es necesario poner especial énfasis en la competitividad y para ello se debe tener en cuenta especialmente todo lo relacionados con las estructuras agrarias”, concluye De Diego.

Junto a ello, el Dictamen sostiene, al igual que lo hace la Junta, el apoyo para que los instrumentos de mercado se diseñen de modo que puedan proteger a los agricultores de las bajadas de precios y, en consecuencia, la bajada de ingresos, evitando  así los efectos de la volatilidad de los precios. A este respecto considera también necesario aumentar la lista de productos que puedan acogerse a mecanismos de intervención.

Estas líneas argumentales fueron defendidas por la Junta en la reunión sectorial organizada por el Ministerio el pasado lunes y en la que se reclamaba al Gobierno central la defensa de una PAC que se ocupe del desarrollo rural, la gestión sostenible de los recursos naturales y la innovación en la agroindustria.

El debate de estas enmiendas se enmarca en el protagonismo de la Junta de Castilla y León en la Comisión de Recursos Naturales, de la que Juan Vicente Herrera es miembro y a la que la Comunidad se sumó el año pasado ante la necesidad de sumar un nuevo frente en Europa para defender nuestros intereses en el proceso de construcción de la nueva PAC.

El proyecto de Dictamen que se ha debatido en Clermont-Ferrand lleva por título genérico “La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario”. En líneas generales, apunta la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, “el documento se ajusta a la posición castellano y leonesa ya que en él, el Comité de las Regiones subraya que los objetivos de la política agrícola sólo podrán alcanzarse si ésta cuenta con una financiación suficiente equivalente al menos a las cantidades actuales”.

Además, el Comité respalda la posición de la Comisión de seguir estructurando la política agraria de modo que se mantenga, por ejemplo, en el caso de los pagos directos la orientación que han tenido hasta la fecha. Como señala María de Diego, el proyecto de Dictamen “apuesta porque los pagos directos garanticen la renta de los agricultores”, ya que retribuyen al agricultor por la producción de bienes públicos ¿como son la conservación del paisaje, la protección del medio ambiente y la seguridad de los alimentos¿, a los que el ciudadano europeo ya no está dispuesto a renunciar hoy en día, y compensan las rigurosas normas de la UE frente a los competidores en el mercado mundial.

La consecución de una PAC justa y adecuada a los intereses del sector en Castilla y León siempre ha sido una prioridad para la Junta y, de hecho, en 2010, fueron presentadas siete enmiendas a otro proyecto de Dictamen en el que se analizaba el horizonte de la Política Agrícola Común más allá de 2013.

Presencia activa desde Castilla y León

A lo largo de esta legislatura, la Junta de Castilla y León ha intensificado la presencia de la Comunidad en el Comité de las Regiones. En 2008, Juan Vicente Herrera fue elegido Presidente de la Delegación Española en el Comité y el año pasado, fue designado para ocupar la vicepresidencia española de este órgano. Desde junio de 2009 es también el vicepresidente del Intergrupo del Automóvil, creado en el seno del Comité en abril de ese año. Su objetivo es ser un foro de diálogo e intercambio de experiencias sobre este sector, uno de los más está acusando los efectos de la crisis.

Además, en marzo de 2010, Valladolid acogió una reunión extraordinaria de la Mesa del Comité de las Regiones, el primer evento de este tipo celebrado en territorio castellano y leonesa desde que nos integramos en el Comité. También por primera vez, la Junta presentó un Dictamen, centrado en la lucha contra la violencia de género. El documento, que contó con el consenso autonómico y nacional, recibió el visto bueno del Comité en octubre de 2009.

En estos cuatro años, Castilla y León ha presentado más de 320 enmiendas ante el Comité en defensa de nuestros intereses y ha asistido de manera constante a las 23 reuniones plenarias y a las 24 reuniones de la Mesa.

De este modo, se ha dado cumplimiento  tanto al mandato estatutario como al compromiso expresado por el presidente Herrera en su discurso de investidura para incrementar la proyección exterior de Castilla y León y, en especial, su presencia en las instituciones comunitarias.

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