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La Junta de Castilla y León formaliza ante la Audiencia Nacional el recurso contra la orden ministerial que reconoce la indicación geográfica ‘Viñedos de España’

La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha indicado que la Audiencia Nacional y la Comisión Europea ya dieron la razón a la Junta de Castilla y León cuando impugnó en el año 2006 una Orden ministerial con un reconocimiento geográfico idéntico, anulando la disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado.

denominación de origen Viñedos de EspañaLa Junta de Castilla y León, a través de sus Servicios Jurídicos, ha presentado, el miércoles 13 de enero, ante la Audiencia Nacional el escrito de formalización de demanda contra la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por la que se reconoce y regula la indicación geográfica “Viñedos de España”, para los vinos con derecho a la mención tradicional “Vino de la Tierra”, publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 30 de julio.

La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha declarado que a través de esta Orden el Estado no viene sino a aprobar para los vinos una denominación idéntica a la aprobada en el año 2006 por el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Frente a dicha denominación la Junta de Castilla y León reaccionó procediendo a su impugnación en vía  contencioso-administrativo, al tiempo que presentó una denuncia ante la Comisión Europea, por entender que la misma perjudicaba gravemente los intereses del sector en Castilla y León. Como consecuencia de estas actuaciones, la Orden ministerial del año 2006 fue jurídicamente anulada.

Las pretensiones que actualmente tiene el Gobierno de la nación en la nueva Orden del Ministerio, que dirige Elena Espinosa, publicada el 30 de julio en el Boletín Oficial del Estado, son idénticas a las planteadas en el año 2006.

En esencia, se crea una indicación geográfica para sólo una parte del territorio vitivinícola español identificándola con el término “Viñedo de España”, actuación completamente artificial ya que las indicaciones geográficas vitivinícolas deben estar claramente asociadas con territorios delimitados en los que se dan unas condiciones homogéneas de producción y elaboración.
Los efectos de la utilización de esta indicación van a ser:

  • Una clara confusión para el consumidor, en el territorio nacional y en los mercados exteriores, que asociará el vino procedente de esta indicación con un vino procedente de las regiones vitivinícolas españolas. Lejos de la realidad ya que hay regiones españolas productoras de vino no incluidas en ella.
  • Una imagen muy dispar de la calidad de los vinos españoles, de cara al consumidor, fruto del amplio territorio vitícola del que procede y de las diferentes calidades producidas.
  • Un desplazamiento del consumo hacia estos vinos debido a que el término “España” es más conocido por el consumidor general que cualquier otra denominación geográfica local. Como el consumo no se incrementa, la puesta en el mercado de estos productos necesariamente sustituirá a otros que ya se consumían.

En consecuencia, esta indicación creada artificialmente y que favorece a determinadas regiones españolas con exceso de producción y reducida calidad, perjudicará la venta de los vinos castellanos y leoneses que responden a unos buenos cánones de calidad, fruto de años de tradición en producción y elaboración.

El sector vitivinícola en Castilla y León

A este respecto, hay que tener en cuenta que el sector vitivinícola de Castilla y León es uno de los más importantes dentro de la industria agroalimentaria regional. Desde el punto de vista productivo, Castilla y León con 75.000 hectáreas de viñedo es la cuarta región española en superficie y cuenta con una industria de transformación con más de 540 bodegas  y un volumen de ventas que supera los 440 millones de euros al año, el 6,2% de la facturación agroalimentaria regional.

La producción vinícola de Castilla y León es además el tercer subsector en volumen de inversión, 57 millones de euros al año que supone el 11% de la inversión alimentaría regional, y uno de los más activos a nivel de exportación alcanzando 98 millones de euros de facturación al año. Otro de los datos que avala la calidad de la industria vitivinícola es que Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma en cuanto a inversiones en el contexto nacional y en cuota de mercado, debido a que los vinos con Denominación de Origen de la región en el 2008, fueron los que más crecieron y alcanzaron en su conjunto el 16,7% del mercado nacional del vino.

Además de estos datos, ya de por sí relevantes, la política de la Junta de Castilla y León en este sector tiene una clara orientación hacia la calidad, identificando las características intrínsecas de las diferentes zonas de producción de sus caldos, de forma que el 65% de la superficie vitícola regional esta identificada con un reconocimiento específico.

El resultado del trabajo realizado con el sector productor y transformador ha llevado al reconocimiento de 9 Denominaciones de Origen (Bierzo, Cigales, Ribera de Duero, Toro, Arribes, Arlanza, Tierras de León y Tierra del Vino de Zamora), dos menciones de calidad (Valles de Benavente y Valtiendas) y una mención de vinos de mesa para todo su territorio (Vino de la Tierra de Castilla y León).

Además, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha tenido como objetivo prioritario fomentar la obtención de vinos de calidad que puedan lograr la máxima competitividad mediante la adaptación de la producción al mercado, para lo cual ha desarrollado un régimen de ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo.

En ese sentido, la política vitícola aplicada en Castilla y León ha supuesto que en los últimos 9 años se hayan plantado, con un apoyo económico de más de 78 millones de euros, cerca de 13.000 hectáreas en comarcas de vinos de calidad a partir de derechos procedentes de viñedos viejos arrancados de zonas marginales de la región.

La valoración de los efectos de esta Orden ministerial en Castilla y León y el perjuicio que causará en la economía de la región, especialmente en las zonas rurales donde está asentado el sector vitivinícola, ha motivado que nuevamente la Junta de Castilla y León tenga que impugnar ante los tribunales esta actuación del Gobierno de la nación.

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