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La Junta continua con la aplicacion de la Ley de la Dependencia en Castilla y Leon

La aplicación de la Ley de Dependencia sigue avanzando en Castilla y León. 8.560 personas (el 95%) tienen en estos momentos garantizado el derecho a recibir su prestación, de las cuales 8.112 la tienen ya concedida o están en disposición inmediata de acceder a ella. Además, por primera vez, se les ha reconocido a más de un centenar de personas ya la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.

A finales de abril de 2007 se publicó el baremo que establecía los criterios para valorar a las personas dependientes, en ese mismo mes, Castilla y León puso a disposición de todos los ciudadanos el modelo de documento que les permitía  cursar solicitud para reconocimiento de dependencia. Desde ese momento, han sido 28.451 las solicitudes presentadas.

De estas 28.451 solicitudes presentadas, a 5 de abril de 2008, 26.983 ya han sido revisadas, y son  24.842 las personas que ya han sido valoradas o están en vías de valoración en estos momentos, lo que supone un 95% del total. El ritmo de valoraciones iniciadas se ha incrementado considerablemente, como muestra el hecho de que en el último mes  hayan sido más de 3.708 las nuevas valoraciones efectuadas o en vías de realización. Es decir, el número de valoraciones que han realizado los profesionales de los servicios sociales en el mes de marzo ha sido casi setecientas más que las solicitudes presentadas en ese  mismo periodo (3.029).

De las 24.842 solicitudes valoradas o en vías de valoración, son en estos momentos, 11.003  las que han sido resueltas y a las que se ha reconocido su situación de dependencia (44% del total).  De ellas, 8.560, tienen derecho a prestación en estos momentos según la Ley (Grado III nivel 1y 2 y Grado II nivel 2), por ser grandes dependientes o dependientes severos. Este dato   pone de manifiesto una considerable agilización del proceso, ya que han sido casi 2.900 las nuevas resoluciones de grado y nivel dictadas en el último mes.

De las 8.560 personas a las que les corresponde recibir servicios o prestaciones, 8.112 (el 95%) tienen concedida la prestación o están en condiciones de acceder a ellas:

Ya se han recibido las prestaciones que les corresponden a 2.783 personas en situación de dependencia. Teniendo en cuenta que según la Ley son los propios castellanos y leoneses los que eligen la prestación, la distribución es la siguiente:

  • 2.042 atendidos (en centros residenciales) por los Servicios Sociales (el 73,43%)
  • 637 prestaciones económicas vinculadas a la adquisición del Servicio (el 22,9%)
  • 104 atendidos dentro del entorno familiar (3,7%)

Otras 790 personas en situación de dependencia están, previa consulta, decidiendo de entre las prestaciones más adecuadas a su situación de dependencia: atención residencial, cuidador profesional, cuidador familiar… Estas personas ya tienen determinada su capacidad económica y pendiente de elegir el servicio asistencial a través de prestación económica vinculada.
Y a los otros 4.539 se les han solicitado los datos necesarios para determinar su capacidad económica y posteriormente poder asignar la prestación que les corresponda.

Otras 448 personas de las que les corresponde recibir servicios y prestaciones continúan el proceso y tramitación para acceder a los servicios y prestaciones.

Los datos reflejan que, por primera vez, 104 castellanos y leoneses han optado por la prestación económica para el cuidador en el entorno familiar. Así, los beneficiarios deberán acreditar que cumplen los requisitos exigidos por la normativa estatal en materia de Seguridad Social para cobrar las cuantías que les correspondan. Por tanto, los distintos tipos de prestaciones económicas contempladas por la Ley de Dependencia ya se están aplicando en Castilla y León (la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio, el cuidador profesional y el cuidador en el entorno familiar).

(Ver anexo)

ASPECTOS PENDIENTES DE DESARROLLO DE LA LEY
La Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia tiene, más de un año después del comienzo de su aplicación, aspectos importantes pendientes de desarrollar por la Administración General del Estado para el conjunto del país. Recordar aspectos relacionados con la capacidad económica del beneficiario y su participación en el coste del sistema, o los criterios de acreditación de centros y servicios. Además, a fecha de hoy, momento en que ya se ha iniciado la concesión de prestaciones, está pendiente de desarrollar un elemento que condiciona una de las prestaciones previstas en la Ley, la de cuidados en el entorno familiar. El desarrollo de la formación que deben tener los cuidadores no profesionales está también aún pendiente de desarrollar. En estos momentos, los profesionales que hacen la valoración de las personas dependientes y deben tomar la decisión, no saben cuál debe ser la formación que deben tener estos cuidadores no profesionales, formación que debe garantizar que la atención se presta por personas capacitadas para atender a estos ciudadanos, que están clasificados de dependientes y no se valen por si mismos para sus actividades vitales.

Este último es un aspecto importante, previsto en la propia Ley, en el que Castilla y León ha solicitado ya que el Ministerio de Asuntos Sociales inicie las tareas pertinentes y establezca los planes de formación de los cuidadores no profesionales que atienden a las personas dependientes en todas las Comunidades Autónomas, a fin de que sean homogéneos y garanticen la misma calidad  en todo el territorio nacional.
FINANCIACIÓN
La aportación de la Administración General del Estado para financiar la Ley, prevista por el Gobierno de la Nación en el año 2007 para Castilla y León, era de 33,5 M€. Para percibir esta cantidad la Comunidad Autónoma, según las previsiones de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se deben poner en marcha dos mecanismos:

La firma de un convenio para el nivel acordado, en el que el Estado aportará 17’8 M€  y la Junta de Castilla y León debe justificar 51’1 M€ (33,3 propios y 17’8 del Estado). Convenio, imprescindible para percibir la financiación y que fue suscrito por el Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades el pasado 17 de diciembre y del que ya se ha recibido la aportación correspondiente del Estado.

Otra aportación para el nivel mínimo, que el Ministerio de Asuntos Sociales hará a la Comunidad Autónoma a medida que se vayan enviando los datos de las personas valoradas con Grado de dependencia III, es decir grandes dependientes, únicos beneficiarios previstos en la Ley para el año 2007. La Gerencia de Servicios Sociales, desde la firma del Convenio, ha enviado al IMSERSO los datos de las personas en situación de dependencia con grado y nivel reconocido y con derecho a prestaciones, sin que por el momento, dados los problemas de la aplicación informática del propio IMSERSO, se haya podido hacer efectivo el cobro de los primeros  15M€ que ello supone. Es decir, de los 33’5 M€  previstos para el 2007, Castilla y León sólo ha recibido 17’8 M€.

No obstante, desde la Junta de Castilla y León se garantiza el cobro de las prestaciones con carácter retroactivo de todas aquellas personas que tengan derecho a ello, desde el momento en que presentaron la solicitud, a pesar de los posibles retrasos en los pagos de la administración del Estado. 

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