El Museo para la Memoria de las Víctimas de la Tragedia de Ribadelago ya cuenta con una aportación inicial de 100.000 € por parte de la Diputación Provincial, tras la firma del protocolo de colaboración realizada esta mañana entre el presidente de la institución provincial, el alcalde de Galende y el alcalde pedáneo de Ribadelago.

Esta cantidad se repartirá entre el año 2009 y 2010 y en palabras de Martínez Maíllo, se trata de la “aportación mínima que realizará la Diputación en la cofinanciación de este museo, susceptible de ser ampliada considerablemente  en función de las aportaciones que hagan en el futuro el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Galende”.

La Diputación quiere garantizar públicamente de este modo la construcción del museo, cuyo coste máximo aproximado asciende a 400.000 €, tal como manifestaba el presidente: “Por dinero no va a ser, pero espero la colaboración de todas las administraciones, alejadas en este caso de cuestiones políticas, tal como pidieron los vecinos y familiares de las víctimas, en el acto de homenaje celebrado a principios de año”.

Dos cesiones del Gobierno: una 1973 y otra en 2009

Fernando Martínez Maíllo también aludió a la sorpresa que le produjeron las informaciones aparecidas la semana pasada  sobre la cesión realizada por el Gobierno del edificio o albergue de pescadores de Ribadelago. Según confirmó, el edificio fue cedido ya en 1973 a la Diputación por el entonces Ministerio de Información y Turismo, y de hecho se firmó el acta de entrega el 14 de septiembre de ese año, así como la aceptación de la Diputación por acuerdo de Pleno.

A partir de entonces y durante 35 años, la Diputación se ha hecho cargo del mantenimiento del inmueble  y el pago de gastos generales. Y ha sido en base a estos antecedentes y a los documentos que obran en poder de la institución, explicó el presidente, por lo que anunció el día del homenaje a las víctimas de Ribadelago, el ofrecimiento del edificio al Ayuntamiento de Galende.

Por tanto, en opinión de Fernando Martínez Maíllo, se han hecho dos cesiones, una en 1973 por el anterior Ministerio de Información y Turismo, y otra ahora, en 2009, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. Y, según sostiene el presidente de la Diputación, la ley y el sentido común dicta que antes de hacer la segunda cesión tendrían que haber revocado la anterior y comunicarlo a la Diputación para que dé su consentimiento. Como esto no se ha producido, considera que existen bastantes irregularidades y que entre Administraciones rige siempre un principio de coordinación e información mutua, además de lealtad institucional, que en este caso no ha existido.

No obstante, Martínez Maíllo explicó que  la Diputación va a renunciar a todos los derechos y a realizar acciones legales, ya que el objetivo es que se ceda y se construya el edificio, tal como piensa llevar al próximo pleno de la Corporación Provincial. A lo único que no renunciará, según manifestó, será al derecho a la indemnización por haber estado 35 años conservando el inmueble: “Lo ejerceremos o supeditaremos a la operación económica que haga el Gobierno de España, ya que esperamos, dijo el presidente de la Diputación, que no se considere esta cesión como elemento de colaboración económica”

Fernando Martínez Maíllo anunció que dicha indemnización iría destinada íntegramente al Museo de la memoria o a Ribadelago, y  terminó solicitando tanto al Gobierno como al PSOE que se deje este asunto fuera del debate político y que todas las administraciones hagan posible el Museo.

Deuda histórica de la Confederación Hidrográfica del Duero

Por su parte el alcalde de Galende y diputado popular, Jesús Villasante, expresó el compromiso del ayuntamiento de poner “toda la carne en el asador” para lograr construir el museo, cuyo proyecto ya ha sido encargado, si bien no pudo dar fechas de su realización puesto que todo depende, dijo, de las aportaciones que se hagan.

Y en este sentido explicó que ya hay personas del pueblo dispuestas a realizar aportaciones y que el ayuntamiento se ha dirigido a todas las administraciones   Gobierno de España, Junta de Castilla y León, Diputación , Mutua Madrileña de Taxis y entidades financieras. Pero expresamente citó a la Confederación Hidrográfica del Duero como primera institución a la que se intenta implicar,  ya que en su opinión tiene el mayor compromiso y deuda histórica con Ribadelago.

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