El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha mantenido esta mañana en Valladolid una reunión con los responsables del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a quienes ha trasladado las grandes líneas del anteproyecto de Ley de Publicidad Institucional. El objetivo del encuentro ha sido conocer las impresiones de este colectivo sobre el texto y ofrecerles la posibilidad de que puedan realizar las aportaciones que consideren oportunas.

De esta forma, la Consejería de la Presidencia mantiene su compromiso de elaborar la futura norma de la manera más participativa posible y con las mejoras que se sugieran desde diferentes colectivos políticos, institucionales y sociales. En concreto, el encuentro celebrado esta mañana responde a la necesidad de que la futura norma sea accesible para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. En este sentido, las sugerencias que realice el CERMI serán de gran utilidad para que la Ley de Publicidad Institucional sea eficaz y cumpla con sus objetivos de servicio a toda la población.

De Santiago-Juárez ha señalado que “lo que pretendemos es que todos los castellanos y leoneses accedan a los contenidos de la comunicación institucional en las mismas condiciones, sin que una minusvalía sea un obstáculo para ello”. Ha recordado que las nuevas tecnologías permiten disponer de herramientas suficientes para conseguir esta meta y ha insistido en el empeño del Gobierno autonómico para “poner en marcha todos los mecanismos que nos permitan alcanzar ese objetivo”.

“Nuestra idea es que la futura Ley nazca con el mayor consenso y que sea eficaz” ha añadido De Santiago-Juárez. Por ello, el consejero portavoz ha recordado la “importancia” de la jornada profesional que, organizada por la Consejería de la Presidencia, tendrá lugar el próximo 9 de febrero en Valladolid y que reunirá a responsables de comunicación de seis comunidades autónomas y del Gobierno central que ya cuentan con regulaciones sobre la publicidad institucional. “Esta iniciativa”, afirma el consejero, “es única en España y permitirá la puesta en común de las experiencias que se aplican en otros territorios y, además, nos servirá para enriquecer aún más la norma en la que estamos trabajando”.

EFICACIA, TRANSPARENCIA Y ACCESIBILIDAD

Con la regulación de la publicidad institucional, el Gobierno de Castilla y León persigue, entre otros objetivos, conseguir una comunicación más eficaz, más transparente y en las mejores condiciones para todos los ciudadanos. Para ello, el Anteproyecto de Ley pretende establecer mecanismos que permitan una coordinación de las actuaciones que, en materia de publicidad institucional, lleve a cabo la Administración.

Además, para confeccionar el anteproyecto de Ley se tendrán en cuenta las características y necesidades de la sociedad actual, así como las nuevas vías y medios de comunicación que han surgido y que seguirán haciéndolo con la evolución de las nuevas tecnologías.

El consejero de la Presidencia  también ha señalado que al Anteproyecto acometerá otros asuntos como la regulación de las “posibles restricciones” de la comunicación institucional en los períodos electorales y ha insistido en que el documento contendrá “los necesarios mecanismos de planificación y evaluación” que faciliten una adecuada regulación.

ANTECEDENTES Y TRAMITACION

El pasado mes de junio y durante  el debate de política general, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera se comprometió a elaborar en el plazo de un año una ley que regule la Publicidad Institucional. A partir de ese momento la Consejería de la Presidencia se puso en marcha para desarrollar un procedimiento abierto y participativo para la redacción del anteproyecto, que será remitido a las Cortes, para su tramitación antes de que concluya el actual periodo de sesiones.

Hasta el momento, la Consejería de la Presidencia ha mantenido encuentros con el Grupo Parlamentario Socialista, la presidencia de las Cortes de Castilla y León y las instituciones autonómicas (Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas, Procurador del Común y Federación Regional de Municipios y Provincias).

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