La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la proposición no de ley de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, instando a aplicar la jurisprudencia del TEDH, una buena noticia para la Escuela Pública.

Este otoño el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ha dictado sentencia en la que indica que privilegiar en las aulas una religión mediante la exposición de sus símbolos da a los alumnos y alumnas la sensación de que el Estado se adhiere a una creencia religiosa determinada y que se sitúa lejos de quienes no se reconozcan en ella.

Esta sentencia, motivada por la reclamación de una mujer italiana, contiene otros argumentos muy similares a los de la del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Valladolid, de 14 de Noviembre de 2008, referida al caso del Colegio Público Macías Picavea. Señala también que el Estado debe ser neutro y respetar las convicciones de los padres en un entorno escolar abierto, favoreciendo la inclusión y no la exclusión, por lo que el aula no debe ser un teatro de actividades misioneras o de sermón. En este sentido, el Tribunal reitera que la exposición obligatoria de un símbolo de una confesión determinada en el ejercicio de la función pública, y en particular en las aulas, restringe el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, así como el derecho de los niños a creer o no creer. Y añade que la presencia del símbolo en una escuela pública puede constituir una forma de enseñanza implícita de una religión, cuando el Estado debe abstenerse de imponer, incluso indirectamente, creencias en los lugares donde las personas son dependientes de él o en lugares en los que sean vulnerables. También indica que no ve cómo la exposición del crucifijo en las escuelas públicas puede servir al pluralismo educativo que es esencial para la preservación de una sociedad democrática, y asevera que la cruz, y más todavía el crucifijo, no pueden ser percibidos más que como símbolos religiosos, y lo contrario debería ser motivo de ofensa para la propia Iglesia Católica.

Por otra parte, aplicando la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Estrasburgo, en estos días la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados ha instando al Gobierno, a través de una proposición no de ley, a trasladar esta jurisprudencia a los centros escolares.

La iniciativa partió de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y el texto inicial fue modificado y pactado con el PSOE, y la proposición no de ley contó con el apoyo del BNG y el rechazo del PP y CiU. El resultado de la votación fue 20 votos a favor y 16 en contra.

El texto final acordado con el PSOE no hace un llamamiento expreso a retirar la simbología religiosa, si no que reclama al Gobierno que “traslade la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo” sobre libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, “especialmente en lo relativo a centros escolares”.

En CGT recibimos con agrado ambas noticias y creemos que, aunque no apunten a la globalidad del problema (la presencia de las religiones en las Escuelas y todo lo que ello significa) ni supongan un cambio definitivo de la situación, representan un paso importante en la lucha por una Escuela Pública Laica, una reivindicación compartida por CGT con numerosas Organizaciones Sindicales y Sociales y con todas y todos los/as que se sienten realmente demócratas.

Y, por otra parte, invitamos al Gobierno de Castilla y León a que tome nota y actué en consecuencia retirando el recurso que tiene planteado contra la sentencia del Macías Picavea y arbitrando las medidas oportunas para la retirada de los símbolos.

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