Hombres de Escaño, que no de estado

OPINIÓN:  Álvaro Aparicio

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Nuestros socios europeos han intervenido. La magnitud de la respuesta (750.000 millones) y su celeridad no deberían alegrarnos, sólo indican la dimensión del problema que se ha generado: en los mercados de deuda, en las bolsas, en la cotización del euro, en la situación de los bancos y cajas (compradores habituales de deuda pública). España es el peligro. Somos nosotros los socorridos preventivamente. Lo prueba la cuantía del rescate y el hecho de que son otros los que han tomado el control de la situación, ante nuestra incapacidad para autogobernarnos.

Tras negarse a retirar los estímulos fiscales la semana pasada, sus mayores obligan ahora a nuestros gobernantes a improvisar un recorte de 15.000 millones de euros (de momento). No sólo eso, además se nos supervisará desde el exterior para asegurar que cumplimos. El 18 de mayo el Ecofin (en la que podrían pedirse mayores esfuerzos) y la Comisión en junio.

Aceptémoslo, existe un grave problema estructural, de fondo, institucional. Entre PSOE y PP han fabricado, tras décadas de empeño, un Estado residual. En España, la Administración central sólo controla el 20% del gasto público mientras las comunidades autónomas controlan el 36%, casi el doble. Mientras el grifo de la financiación continúa cerrado, el de la Administración Pública hace tiempo que convirtió el incesante goteo del descontrol en incontrolable chorro de despilfarro. Comunidades autónomas, diputaciones, consejerías y ayuntamientos ejercen de fontaneros al más fiel estilo “Pepe Gotera y Otilio”.

El Estado solo no puede equilibrar el conjunto de las cuentas públicas. Tiene para ello que ejercer las funciones de coordinación general de la política económica, de armonización e inspección, que le otorga la Constitución pero que ha abandonado voluntariamente por miras partidistas de corto alcance. Es posible imponer límites de gasto a las comunidades y hacer que los objetivos de déficit tengan consecuencias si se incumplen. No puede tolerarse que la Comisión tenga mayor control sobre el gobierno español que éste sobre las 17 comunidades autónomas. En el número de consejerías y parlamentarios autonómicos, en el personal de confianza y libre designación, en las embajadas, en el sector público no administrativo (televisiones, observatorios, agencias, consorcios y fundaciones) es donde deberían iniciarse los recortes. ¿Acaso es el personal sanitario, ejemplar en profesionalidad y dedicación, el culpable de la ineptitud de nuestros dirigentes? ¿Ocasionaron ellos la crisis financiera? ¿No es más lógico eliminar duplicidades en la Administración, puestos creados para amigos, supuestas o innecesarias dedicaciones exclusivas en concejalías de innumerables ayuntamientos, exigir el cumplimiento de sus obligaciones al funcionario instalado en el “vuelva usted mañana”, etc? Se trata de hacer cumplir, exigir, optimizar, ser eficiente en la gestión de los recursos (también en personal). No pueden penalizar por igual a todos los empleados públicos rebajando sus ingresos. Es hacer pagar a justos por pecadores.

¿Exigirán algún día responsabilidades a las entidades financieras, a sus consejos de administración? ¿Limitarán sus bonus y planes de pensiones millonarios? ¿Piensan actuar en los mercados interviniendo con movimientos puntuales tratando de contrarestar las amenazas de “lobos especuladores” o van a actuar en la raíz del problema estudiando con rigor la posibilidad de regularlos seriamente?

Se reducen sus sueldos para dar ejemplo; ¡faltaría más! Puestos a recortar, deben empezar por los más ineficaces: Gobierno central y los responsables de los gobiernos locales y autonómicos.

Álvaro Aparicio.

Responsable de Economía de UPyD en Castilla y León.

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