El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León ha presentado una Proposición no de Ley, que se debatirá en el próximo Pleno de los días 19 y 20 de marzo, para promover las actuaciones que sean precisas en los centros culturales gestionados por Consejería de Cultura y Turismo así como en todos los eventos culturales que coorganiza, para favorecer la participación activa de todos los ciudadanos de Castilla y León en la vida cultural, impulsando en colaboración con asociaciones y personas individuales, la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a garantizar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que tienen más dificultades por sus condiciones físicas, intelectuales o sociales.
Castilla y León es un territorio que se distingue por su riqueza cultural y patrimonial. Fruto de siglos de Historia, esa riqueza cultural es hoy una de las piezas clave para el desarrollo de la Comunidad, para la generación de riqueza y empleo y, en definitiva, para la construcción de una sociedad más justa. El acceso a la cultura de todos los ciudadanos es un derecho constitucional y estatutario que deben garantizar todos los poderes públicos; esa obligación contribuye a la consecución de los valores de justicia, libertad y equidad contenidos igualmente en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Por otro lado, desde un punto de vista social y económico, la cultura es hoy un elemento de progreso de primer orden y su peso ha ido aumentando en el PIB de las sociedades más desarrolladas (en España ya ha alcanzado el 3% del PIB) y el acceso de todos los ciudadanos a la cultura es igualmente un elemento distintivo de los países desarrollados.
Castilla y León cuenta con una potente red de centros culturales, siendo gestionados, algunos de los principales, directamente por la Administración autonómica. Buen ejemplo de ello es el Sistema de Bibliotecas, cuyas bibliotecas públicas ofrecen uno de los mejores resultados de toda España, tanto por el número de usuarios de esos centros, como por el número de préstamos libros, etc. Otro tanto cabe decir de la amplia red de museos con los que cuenta la Comunidad, entre los que destacan los museos provinciales –gestionados en cada una de las capitales de provincia por la Consejería de Cultura y Turismo- o los cuatro museos regionales de Castilla y León. Otro tanto cabe decir de la Filmoteca de Castilla y León y de la red de archivos históricos provinciales de Castilla y León, gestionados igualmente por la Consejería de Cultura y Turismo. La enorme riqueza de Castilla y León por lo que al patrimonio documental se refiere, hace de la Comunidad una potencia internacional sin comparación en el resto del país.
La ya citada obligación de los poderes públicos para asegurar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos debe impulsar a la Comunidad de Castilla y León para seguir trabajando para mejorar aún más los positivos resultados que hoy ofrecen los centros culturales gestionados por la Administración autonómica. Además debe centrar sus esfuerzos en procurar atender a aquellos colectivos que, por sus especiales características -por razones de edad, enfermedad o discapacidad- tienen más difícil el acceso y disfrute de la cultura en los citados centros culturales; y también los ciudadanos residentes en Castilla y León que proceden de otras regiones del mundo y que –por razones de idioma o culturales- tienen dificultades para acceder y disfrutar de la cultura. Estos y otros colectivos no sólo tienen derecho a acceder a la cultura, sino que la vida cultural de Castilla y León no puede permitirse prescindir de unos ciudadanos que, sin duda, contribuirán a enriquecer la misma y a construir, como se apuntaba más arriba, una sociedad más justa, más plural y más libre.

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