La firma de los acuerdos incorpora, además de medidas para el fomento del empleo y la protección de trabajadores que han agotado sus prestaciones laborales, el desarrollo del II acuerdo marco de competitividad e innovación de Castilla y León, la lucha contra la violencia de género, el II Plan Integral de Inmigración, el III acuerdo para la integración social y laboral de inmigrantes, el desarrollo de medidas para la emancipación de los jóvenes y el acuerdo de simplificación administrativa que facilite el desarrollo económico y empresarial en la región.

Juan Vicente Herrera, con los representantes de los agentes económicos y sociales, Cecale, UGT y Comisiones Obreras.
Juan Vicente Herrera, con los representantes de los agentes económicos y sociales, Cecale, UGT y Comisiones Obreras.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha firmado con los representantes de los agentes económicos y sociales, Cecale, UGT y Comisiones Obreras, seis acuerdos que amplían el marco de desarrollo del Diálogo Social que ha sido pionero e innovador en Castilla y León y que forma parte de la identidad de la Región a través del Estatuto de Autonomía.

Los seis acuerdos, que recogen medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis económica, tienen un claro carácter social y económico y su objetivo es el desarrollo de la economía de Castilla y León, el mantenimiento de la riqueza y la generación de empleo. Por tanto es razonable que el contenido de estos acuerdos esté comprendido dentro del marco del Dialogo Social de Castilla y León.
 
Acuerdo para la competitividad y la Innovación
 
El Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación industrial de Castilla y León, suscrito por la Junta con las organizaciones empresariales y sindicales, cuenta ya con cuatro años de vida. Con vigencia en el periodo 2006-2009 implica en estos momentos una revisión necesaria para que siga siendo un marco de desarrollo económico sostenible que permita continuar con la modernización del modelo productivo de Castilla y León.
 
La puesta en marcha en el año 2006 del Acuerdo Marco para la Competitividad ha permitido contar con indicadores económicos y de empleo diferenciales respecto del contexto de España. Los datos económicos y de empleo en Castilla y León no son casuales y responden a este nuevo modelo productivo puesto en marcha hace cinco años y que ha dado lugar a un balance positivo.
 
El II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León para el periodo 2010-2013 es, como su antecesor, un desarrollo de medidas de carácter global y estructural desde el punto de vista socioeconómico, tiene un objetivo estratégico que ordena los pilares fundamentales de la economía de Castilla y León buscando el entorno más favorable para el desarrollo social y económico de la Región.
 
En 2010 la aplicación del Plan para la Competitividad implica inversiones y gastos por importe de 415.000.000 €.
 
Sus objetivos establecen consolidar el proceso de convergencia económica con Europa y aumentar la cohesión territorial dentro de la Región, mencionando de forma explícita en este primer objetivo la cohesión territorial, coherente con el Plan de Convergencia Interior de la Junta de Castilla y León; potenciar la generación de empleo estable y de calidad y el mantenimiento del empleo existente; impulsar un modelo de economía basado en la innovación y el conocimiento, utilizando la colaboración público-privada como un pilar fundamental para reforzar el Sistema Ciencia-Tecnología-Empresas y su contribución a la transferencia tecnológica como elemento de competitividad; estimular la creación de empresas, favoreciendo la diversificación sectorial y la cooperación; favorecer la internacionalización de las empresas de la Región; mejorar la competitividad y la sostenibilidad empresarial, pero adecuándolo al contexto de crisis y procurando acelerar la salida de la misma; y facilitar el acceso a la financiación de las empresas de la comunidad.
 
Las diferentes medidas se proyectarán en grandes ejes de actuación, como son los Instrumentos de apoyo financiero a la empresa; la Investigación, Desarrollo e Innovación; la creación y consolidación de empresas; los Servicios avanzados de apoyo a la empresa; la Responsabilidad Social Empresarial (RSE); o la Internacionalización entre otros.
 
Creación de empleo y protección de trabajadores
 
Si el Acuerdo Marco de competitividad es una medida estructural, el Acuerdo para la Creación, Mantenimiento del Empleo y Protección de los Trabajadores es una medida de carácter coyuntural como consecuencia de la severa crisis por la que atraviesa España y que afecta a Castilla y León. Su objetivo es paliar los efectos más desfavorables sobre los trabajadores y las empresas de la Región.
 
No es la primera vez que se adoptan medidas coyunturales. Como consecuencia de la crisis económica ya se adoptaron medidas de Reactivación económica, Políticas activas de empleo, Dependencia y Servicios sociales en febrero de 2009.
 
La Junta de Castilla y León realiza un importante esfuerzo económico para la financiación de los programas de empleo en 2010 que asciende a un total de 202.397.750,85 €, con los que se pretende fomentar la creación y mantenimiento de aproximadamente 34.500 puestos de trabajo. De esta financiación 63.202.631,85 € tienen carácter extraordinario y están destinados a programas de mantenimiento de empleo y protección a trabajadores que han perdido su trabajo y agotado sus prestaciones por desempleo.
 
Los más de 63 millones de euros extraordinarios se destinan a tres tipos de medidas:

-La primera se destina al refuerzo del Plan de Empleo y cuenta con 46.728.591€, que se desarrollarán a través de 7 programas nuevos y 5 de refuerzo de programas existentes.

Los 7 programas nuevos van dirigidos fundamentalmente a promocionar la contratación de trabajadores desempleados que hayan agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo, el PRODI o el IAE o la RAI o tengan menos de 30 años de edad entro otros aspectos en los que se tiene especial atención con los autónomos.
 
Los 5 programas de refuerzo potencian en mayor medida la contratación por cuenta ajena y el autoempleo, así como la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. Hay que destacar el nuevo impulso que se da a la contratación a través de entidades locales, mediante dos programas, uno destinado a municipios de 1.000 o más habitantes y otro a entidades locales en general, en ambos casos para la realización de obras y servicios de interés general y social
 
-La segunda, con 7.700.000€, tiene como objetivo prorrogar los programas de complemento de rentas y para la protección de trabajadores que ya estuvo en vigor el pasado año 2009.
 
Esta segunda medida se divide en dos líneas de apoyo: una primera de ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERES) por un importe de 5,2 millones de euros; y la segunda línea que está destinada a la protección de trabajadores de más de 55 años que pierden su empleo por situaciones de insolvencia empresarial (2,5 millones de euros), en la que hay que destacar como novedad que se abre la posibilidad a este colectivo de solicitar la financiación de las cuotas derivadas del convenio especial que el propio trabajador suscriba con la Seguridad Social.
 
-La tercera medida destina 8.774.040,85 de euros al programa de itinerarios activos de empleo para 2010. Está orientado a proteger a los colectivos que más lo necesitan en estos momentos, como son, por un lado los desempleados de 45 o más años que han extinguido la prestación o el subsidio de desempleo, el IAE de 2009 u otros programas como el PRODI o la RAI. Y, por otro lado, los desempleados que han cotizado por desempleo pero no han llegado a generar derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio de desempleo. Finalmente, esta medida también va destinada a los desempleados que capitalizaron la prestación por desempleo y se establecieron como autónomos sin haber sido beneficiarios del subsidio de desempleo derivado de la prestación capitalizada, ni del IAE o del PRODI.
 
Medidas sobre simplificación administrativa
 
Este acuerdo tiene como objetivo la simplificación y reducción de trámites administrativos en la Comunidad Autónoma para permitir una agilidad mayor en el contexto económico actual sin que afecte a las garantías de seguridad y transparencia en los procesos que se abren entre la administración, las empresas y los ciudadanos y por otra parte, fomentar la actividad económica y empresarial en Castilla y León y la construcción de un entorno jurídico atractivo para albergar al sector empresarial.
 
Acuerdo en materia de juventud
 
La política que desarrolla la Junta de Castilla y León en materia de jóvenes muestra una especial atención en el tratamiento integral de los aspectos que afectan a los jóvenes. De ésta forma, empleo y vivienda son los ejes fundamentales que tienen como objetivo la autonomía económica y la emancipación. La finalidad fundamental del acuerdo que se ha suscrito es el desarrollo de medidas para el asesoramiento, información y formación de los jóvenes para su inserción laboral.
 
Acuerdo en materia de violencia de género
 
La Junta de Castilla y León se ha comprometido y considera imprescindible que en el ámbito del Diálogo Social se trabaje de forma única contra la violencia de género. El Gobierno Regional ha impulsado acciones y medidas pioneras en el ámbito de la lucha contra este problema y lo ha hecho en foros en donde ha sido pionero. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce el derecho a la no discriminación por motivos de género. El Gobierno promueve acciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en ámbitos determinados y entre los colectivos de mujeres en situación de especial necesidad y, en concreto, las victimas de violencia de género. El acuerdo firmado incluye medidas destinadas a combatir la violencia de género, como por ejemplo lo son, la prevención y sensibilización, la garantía de los derechos y la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia de género y de las personas a su cargo.
 
Integración social, económica y cultural de la población inmigrante
 
La Junta impulsa con este acuerdo dentro del marco del Diálogo Social el establecimiento de medidas para la integración social, económica, laboral y cultural de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, de la misma forma extiende los derechos de los ciudadanos de Castilla y León a los extranjeros empadronados en la Comunidad.
 
Las medidas transversales y de integración que aplica el gobierno regional se recogen en el II Plan Integral de Inmigración de Castilla y León para el período 2010-2013, con el objetivo de continuar con una política en materia migratoria que dé respuesta a los ciudadanos residentes en el territorio de Castilla y León independientemente de su origen y que fomente el pleno ejercicio de sus derechos.
 
Enmarcado en el II Plan Integral de Inmigración de Castilla y León, se aprueba un nuevo Acuerdo, el tercero, sobre la Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante en Castilla y León 2010-2013, cuyo objetivo persigue la integración real a través del empleo, en un momento en el que la situación económica justifica la adopción de nuevas medidas que contribuyan a garantizar el acceso de la población inmigrante al mercado laboral.

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