El PP quiere que el nuevo Gobierno también asuma los grandes acuerdos políticos alcanzados en Castilla y León

El PP presenta en las Cortes una Proposición No de Ley instando al nuevo Gobierno de España que asuma los grandes acuerdos políticos ya alcanzados en Castilla y León por unanimidad de los grupos políticos con representación en el parlamento autonómico.

Nuestra tradición democrática y la jurisprudencia constitucional han reconocido desde hace un tiempo la cooperación, a pesar de su carácter voluntario, como un principio clave en las relaciones entre Administraciones Públicas. Este principio ha quedado recogido por primera vez en el año 2015 en un texto legal. Así, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público recoge en el Capítulo III del Título III las relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas.

El pasado 1 de junio se inició con gran incertidumbre un nuevo tiempo político en España que condicionará a buen seguro el devenir de la sociedad de Castilla y León. La posición del Gobierno Autonómico debe seguir siendo la del respeto institucional, desde el trabajo cooperativo y leal en beneficio de los intereses de los castellanos y leoneses. Por su parte, las Cortes de Castilla y León, como representantes y voz del pueblo de Castilla y León, deberán continuar trabajando para construir acuerdos entre los grupos parlamentarios, y con el esfuerzo de estos, que permitan consensuar una posición de Comunidad ante los desafíos, retos y problemas que más directamente nos afectan.

Son numerosos los proyectos que en relación con Castilla y León trabajaba el anterior ejecutivo y que en ningún caso pueden verse afectados por el cambio de gobierno.

Financiación, infraestructuras, PAC, EBAU y dependencia entre los grandes acuerdos políticos de Castilla y León

La reforma del modelo de financiación autonómica y local, la construcción de infraestructuras vitales para nuestra Comunidad por su papel en la vertebración del territorio, la respuesta al reto demográfico, el mantenimiento del sistema de pensiones, la protección de los consumidores vulnerables, la reforma de los fondos de la Política Agraria Común (PAC), la elaboración de una prueba única de acceso a la universidad en igualdad (EBAU), la gestión del IRPF de interés social, la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia o el mantenimiento del empleo en las cuencas mineras, son solo algunas de las cuestiones que por su importancia nos atañen de una forma especial y que han concitado el acuerdo de los diferentes grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León puesto que de su eficaz resolución dependerá en buena medida nuestro futuro como sociedad.

Entre ellos, hay una serie de aspectos que, por su importancia para Castilla y León, han merecido el consenso de los grupos parlamentarios, en acuerdos suscritos al margen de la actividad parlamentaria ordinaria o bien con ocasión de la tramitación de alguna Proposición No de Ley.

PP, PSOE, Podemos, Cs, IU y UPL han suscrito acuerdos que el nuevo ejecutivo de Sánchez debe conocer y ratificar

Así los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León han suscrito acuerdos en materia de financiación autonómica, financiación europea y Política Agraria Común, además han aprobado por mayoría, a veces por unanimidad PNLs sobre infraestructuras, minería o educación: por último, en materia del despoblación, parece fácil concluir, a la vista del debate acaecido en el último Pleno, la unanimidad de los Grupos en torno a la necesidad de aprobar la estrategia frente al reto demográfico a la vez que se desarrollan las medidas contenidas en el Proyecto de Presupuestos Generales asumidos por el nuevo Gobierno.

Desde la lealtad, y el respeto a los tiempos de quienes ahora asumen responsabilidades de gobierno, consideramos que es el momento, en el primer pleno que celebran las Cortes tras la formación del Gobierno, que se acuerde el traslado al Gobierno de estos grandes acuerdos para que, públicamente sean asumidos por el mismo, ratificando su compromiso con Castilla y León.

El Grupo Parlamentario Popular presenta para su debate y votación en el pleno de las Cortes la siguiente propuesta de resolución:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que se dirija al nuevo Gobierno de España a fin de que por parte de este se asuman públicamente los siguientes compromisos con Castilla y León a ejecutar durante lo que queda de legislatura:

1. Presente una propuesta de modelo de financiación que teniendo en cuenta los principios acordados por los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, el 13 de mayo de 2016, sea el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que permita garantizar la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las Comunidades Autónomas teniendo en cuenta el déficit en la financiación del gasto sanitario y la dinámica de crecimiento de este gasto, que defina un catálogo de servicios común a todas las Comunidades Autónomas, y que tenga en cuenta las variables de superficie, dispersión, baja densidad, y envejecimiento de la población., recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía
2. Elabore la estrategia nacional frente al reto demográfico, teniendo en cuenta todos los informes institucionales elaborados al respecto y especialmente los realizados por el Foro de Regiones Españolas con desafíos demográficos, en el que está presente Castilla y León. Del mismo modo, en materia de lucha contra la despoblación desarrolle el Plan 300 x 100 para garantizar la conectividad en banda ancha en condiciones de equidad, en todos los municipios de España, aplique, las medidas en el IRPF a favor de las familias como el cheque a la natalidad y el cheque guardería, así como otras de refuerzo del gasto social como la ampliación del permiso de paternidad, incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y desarrolle el Plan Estatal de Vivienda (2018-2021) muy especialmente en los aspectos relacionados en la línea estratégica dirigida a la lucha frente al Reto Demográfico (la nº5), que incluye ayudas para la rehabilitación y adquisición de viviendas en el medio rural, principalmente dirigidas a jóvenes.
3. Defienda ante la UE, de acuerdo con el documento suscrito por todos los grupos parlamentarios y la Junta de Castilla y León el pasado 6 de marzo de 2018, sobre los fondos de la Unión Europea (UE) en el ámbito de la cohesión para el marco financiero plurianual 2020-2027, la incorporación de una estrategia europea para corregir los desequilibrios demográficos, y la implicación de las autoridades y actores locales en la concepción y gestión de estas políticas.
4. Que en el ámbito de las negociaciones de la nueva PAC, tenga como directriz, el documento sobre el modelo de PAC consensuado entre la Junta de Castilla y León, partidos políticos y OPAS el pasado día 12 de marzo de 2018, en defensa de los agricultores y ganaderos de Castilla y León, para que con tal fin se asegure que los fondos que recibirán en el nuevo marco financiero no se verán reducidos en ningún caso y que quienes reciban las ayudas sean quienes realmente desarrollan su actividad, con especial apoyo a los jóvenes y mujeres.
5. Que una vez se cumpla la concesión de las actuales autopistas de peaje AP-1 (Burgos – Armiñón), AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51), no se vuelvan a prorrogar y no se otorgue una nueva concesión, garantizándose que a partir de ese día los que circulen por esas vías lo harán libre de peajes. Que, igualmente mantenga, y si fuera posible agilice, los plazos de licitación y/o ejecución de las obras de las autovías actualmente en tramitación, así como las obras de ejecución de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad en nuestra Comunidad.
6. Ratifique su compromiso con el mantenimiento de la actividad en las cuencas mineras, contribuyendo así aI mantenimiento de un mix energético nacional equilibrado, que cuente con todas las fuentes de energía y especialmente con el carbón autóctono de nuestra Comunidad y que sirva además para mantener el empleo y la actividad económica en la zona. En relación con las centrales térmicas de la Comunidad presente, para su tramitación ante las Cortes Generales, una norma o, en su defecto, respalde la Proposición de Ley que actualmente se encuentra en tramitación, que, en atención al interés público, permita el mantenimiento de la actividad de las centrales térmicas de Castilla y León.
7. De los pasos necesarios para el establecimiento de una prueba de acceso a la Universidad única en todo el territorio español, que garantice la igualdad de oportunidades a todos los alumnos con independencia de su lugar de residencia, contando para ello con todas las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial, tal y como se acordó por el Pleno de las Cortes de Castilla y León el 4 de octubre de 2017.”