El PP de Benavente ha hecho pública una nota de prensa en relación a la denuncia interpuesta contra el Alcalde de Benavente, Luciano Huerga, por un posible delito de “prevaricación administrativa”, tal y como figura en la denuncia.

El PP aclara que lo que siempre han pedido es que el servicio que se viene ofreciendo a los pacientes, tuviese todas las garantías.

Según recoge la denuncia, se ha tolerado el ejercicio de una actividad durante más de tres años “en ausencia total de licencias administrativas: licencia urbanística de obras y ejecución, licencia de primera ocupación y licencia de actividad. Ha creado agravios comparativos con otros ciudadanos frente a los cuales se aplicaba la Ley de modo inflexible”.

La licencia tiene como objetivo garantizar la seguridad y la calidad en la prestación de un servicio especialmente sensible y necesario para muchos ciudadanos.

Actividad que ha ocasionado diferentes quejas vecinales y denuncias, con las consiguientes sanciones.

Según el PP se deberían de haber tomado las medidas necesarias para que un servicio tan importante y tan sensible se ofreciese con todas las garantías para los pacientes y sin causar molestias a los vecinos.

Ambulancia bajando pacientes en camilla obligados a rodear los vehículos.

La ausencia de licencias ha provocado situaciones tan lamentables, como que el propio Ayuntamiento haya denegado el espacio para el aparcamiento de ambulancias frente a las instalaciones, “lo que obliga a los pacientes que acceden en camilla o silla de ruedas, a rodear la fila de coches aparcados frente al edificio, en ocasiones en días de lluvia, con el consiguiente sufrimiento de las condiciones meteorológicas para ellos”.

Los vecinos han denunciado molestias en reiteradas ocasiones, que han sido sancionadas con faltas muy graves y sanción de hasta 12.000 € por el propio Ayuntamiento. ¿Y quien tiene la responsabilidad de lo que sucede, quienes las cometen o quienes las han consentido primero y después sancionado? se preguntan desde el PP.

Dado que los informes técnicos advierten del riesgo y el peligro que supone para las personas el ejercer este servicio sin las correspondientes licencias urbanísticas y sin estar adaptadas las instalaciones a la normativa legalmente establecida,  entienden desde el PP que el Ayuntamiento debería haber requerido a la empresa para que hubiese buscado otro lugar o espacio adecuado para que se pudiese continuar llevando a cabo la actividad y ofrecer el servicio a los pacientes en las debidas condiciones, y no ha sucedido.

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