• El grupo popular considera paradójico que, para los mismos desperfectos, se hayan dado ayudas a unos pueblos y a otros no

El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Zamora ha presentado una moción para que sea debatida en el Pleno Ordinario que se celebrará mañana, 29 de julio, por la que la Corporación Provincial insta al Gobierno central -a través del Ministerio de Política Territorial- a que remita a la institución los criterios objetivos y concretos seguidos para la concesión o denegación de las ayudas a los proyectos presentados por todos los ayuntamientos de la provincia de Zamora al amparo de la Orden TER/1005/2010.

En la moción también se pide a la Subdelegación del Gobierno en Zamora y a la Delegación del Gobierno en Castilla y León que remita a cada uno de los 21 ayuntamientos totalmente excluidos la explicación detallada sobre las razones objetivas que han supuesto la denegación de las ayudas solicitadas por éstos.

Según la moción del grupo del Partido Popular en la Diputación, a las mencionadas ayudas “habían presentado solicitudes numerosos ayuntamientos afectados de nuestra provincia, incluidos todos ellos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2010, de 10 de marzo, y que es desarrollada por la antedicha Orden TER/1005/ 2010”.

Sin embargo, de los 47 ayuntamientos zamoranos demandantes sólo 26 obtuvieron una resolución favorable a alguno de los proyectos que presentaron para reparar los perjuicios ocasionados en sus términos municipales. Los 21 ayuntamientos restantes, que han visto rechazados la totalidad de los proyectos que habían presentado, han quedado, por lo tanto, excluidos de las ayudas que el Gobierno central había habilitado para paliar tales daños.

Afirman los populares que “paradójicamente, ante proyectos similares para reparar caminos rurales o agrícolas con desperfectos ocasionados por las mismas causas, con daños análogos -con características y usos idénticos-, unos ayuntamientos han obtenido una resolución favorable a su petición y otros la han visto denegada. Esta circunstancia –aseguran- genera dudas razonables sobre la justicia y equidad del proceso realizado en la evaluación de los proyectos presentados”.

Por último, recuerdan que las solicitudes de ayudas presentadas por estos ayuntamientos -y desestimadas por el Gobierno central- iban dirigidas fundamentalmente a devolver a su estado original las infraestructuras dañadas, “que son vitales para la vida diaria y la actividad económica de sus términos municipales”. Por lo tanto, concluyen que “la denegación de unas ayudas que todos desde el principio considerábamos urgentes, necesarias y justas supone un serio quebranto para sus habitantes”.

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