El Consejo de Ministros ha estudiado este viernes un informe sobre el anteproyecto de ley para regular el sector del juego en España, que incluye la creación de un nuevo impuesto que gravará el juego por Internet y un órgano regulador independiente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) que controle este tipo de actividades.

    La recaudación de este nuevo impuesto será en “gran mayoría” para las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias del juego, aunque el Estado también recaudará una parte que le permita pagar los gastos de gestión y el órgano de regulación, según ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado después de participar en la reunión del consejo.

   Además, la ministra ha señalado que tanto LAE como la ONCE estarán exentos de pagar este impuesto, que llevará un tipo impositivo distinto por cada tipo de juego y se aplicará sobre los operadores que desarrollen esas actividades, ha señalado Salgado.

   La ministra ha destacado que actualmente el sector del juego en España “está sin regulación”, por lo que el dinero que mueven las apuesta por Internet, en general, no tributan. El texto que ha estudiado este viernes el consejo es “el inicio de un proyecto que va a ser seguido por un tiempo de discusión y de participación con las comunidades autónomas”, así como con las asociaciones, ha explicado la titular de Economía.

   La futura norma también establece la creación de un régimen sancionador para los operadores que no respeten las normas incluidas en la ley y un organismo independiente de LAE que se encargará de la supervisión del cumplimiento de los requisitos fijados a los operadores, de la concesión de licencias y autorizaciones y de garantizar el correcto funcionamiento del sector del juego y el cumplimiento de la normativa vigente.

   Para desempeñar esta función se “ampliarán” las competencias de la Comisión Nacional del Juego, un organismo que actualmente depende del Ministerio de Interior, y se darán participación a las comunidades autónomas mediante la creación de dentro de este organismo de un Comité de Cooperación y Participación.

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