Nuclenor llevará a cabo cuantas acciones legales le puedan corresponder para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

La planta se encuentra modernizada y actualizada con fuertes inversiones anuales y su seguridad ha sido avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear así como por cinco equipos de inspección de organismos internacionales en los últimos doce años (los tres últimos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, dependiente de Naciones Unidas).

Protestas por el cierre de la central nuclear de Santa Maria de Garoña

NUCLENOR considera la decisión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de no conceder la renovación del Permiso de Explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña por el periodo solicitado de diez años un acto arbitrario y carente de justificación con arreglo a la ley.

Las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares en España se renuevan de acuerdo con un procedimiento reglado. En el vigente permiso de explotación, emitido el 5 de julio de 1999 por el Ministerio de Industria y Energía, se definen las condiciones que la empresa responsable debe cumplir para su renovación.

NUCLENOR ha cumplido estas condiciones en su totalidad, puntual y satisfactoriamente, según apreciación favorable del Consejo de Seguridad Nuclear de 5 de junio de 2009. Por lo tanto, la no concesión de la autorización por 10 años de acuerdo con lo dictaminado en el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear supone apartarse de las condiciones establecidas en el procedimiento citado.

En la apreciación favorable que de su seguridad y fiabilidad ha venido haciendo el Consejo de Seguridad Nuclear (único organismo público competente en cuestiones de seguridad nuclear y protección radiológica) y cinco equipos de inspección de organismos internacionales en los últimos doce años, los tres últimos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, dependiente de Naciones Unidas.

En la situación de la central nuclear de Santa María de Garoña, modernizada y actualizada con fuertes inversiones anuales, ingularmente a lo largo de los últimos años, manteniendo en todo momento la visión de operación a largo plazo de acuerdo con la posibilidad de renovación recogida en su permiso vigente.

En la disponibilidad de un equipo humano bien entrenado y fuertemente comprometido con la seguridad, como ha sido reconocido en las citadas inspecciones internacionales.

En la actual práctica internacional de continuidad de las centrales nucleares en operación. En el mundo existen actualmente 16 centrales cuya fecha de inicio de operación es anterior a la de Santa María de Garoña (ejemplos de esto son Dresden y Oyster Creek en Estados Unidos, Tarapur 1 y 2 en India, Fukushima en Japón, Beznau en Suiza). Siete de estas centrales han recibido autorización para operar hasta 60 años. El último ejemplo ha sido la concesión de la autorización para operar hasta los 60 años a la central estadounidense de Oyster Creek el 8 de abril de este año 2009 por la Administración del presidente Obama.

En la importancia que supondría para el sistema eléctrico nacional el funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, durante los próximos diez años solicitados, en términos de garantía de suministro, de aportación a la red de una energía eléctrica de base competitiva, de ahorro en emisiones de CO2 y de aportación al desarrollo económico y social en la zona de influencia.

A la vista de lo anterior, NUCLENOR considera que la situación que se plantea es insólita e inédita:

– un informe favorable a la continuidad emitido por el organismo estatal competente en materia de seguridad nuclear
– una empresa que quiere continuar su actividad
– unos profesionales que quieren seguir desarrollándose profesionalmente
Un entorno vecinal, institucional y social favorable a la continuidad de la industria

Y, frente a todo esto, un Gobierno que actúa arbitrariamente ordenando el cese de su actividad por razones estrictamente políticas.

Ante esta situación, NUCLENOR manifiesta que llevará a cabo cuantas acciones legales le puedan corresponder para la defensa de los derechos e intereses legítimos de todas las partes afectadas por una decisión arbitraria y carente de justificación.

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