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El Gobierno aprueba medidas para estimular la economia y garantizar el suministro de agua a Barcelona

El primer Consejo de Ministros ordinario de la Legislatura ha aprobado un conjunto de medidas para impulsar el crecimiento económico, entre las que figura la deducción de 400 euros en el IRPF para asalariados, pensionistas y autónomos, así como la posibilidad de que las familias puedan ampliar sin costes el plazo de amortización de sus hipotecas durante los próximos dos años. Además, el Ejecutivo ha acordado iniciativas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de las poblaciones afectadas por la sequía en Barcelona.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha avanzado que el plan de impulso económico supondrá una inyección de 10.000 millones de euros este año y casi 8.000 para el próximo.

Las medidas, ha dicho, giran en torno a dos grandes ejes. Uno de carácter social, con iniciativas de protección a los trabajadores, empresas y familias, y otro de carácter económico para favorecer la economía por la vía presupuestaria en esta fase de menor crecimiento.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que ha comparecido junto a la Vicepresidenta, ha subrayado que el paquete de medidas “recoge como idea preponderante la rebaja de impuestos”.

En este sentido, ambos vicepresidentes han destacado la nueva deducción de 400 euros en el IRPF, recogida en la campaña electoral, que se aplicarán los trabajadores por cuenta ajena, pensionistas y autónomos.

En las nóminas del mes de junio las retenciones se verán reducidas en unos 200 euros como máximo y el resto del importe se prorrateará en los restantes meses hasta finalizar el año.

Según Solbes, la iniciativa permitirá aumentar un 0,9% la renta disponible de las familias y “tendrá un impacto positivo sobre el consumo”. El ahorro total para los contribuyentes será de 6.000 millones de euros.

Asimismo, en el ámbito impositivo, se modificará la Ley del IVA para mejorar el tratamiento fiscal en la rehabilitación de edificios, y se eliminará el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio con fecha 1 de enero de 2008.

El Gobierno también ha acordado que todas las familias que quieran ampliar el plazo de su hipoteca puedan hacerlo gratis a partir del mes de mayo y durante dos años.

Para estimular la financiación de vivienda protegida, se amplia a dos mil millones de euros la línea de avales del ICO para la titularización de préstamos hipotecarios destinados a su adquisición.

Además, el ministro de Economía ha anunciado que se convocará urgentemente la Conferencia Sectorial de Vivienda para analizar las medidas necesarias para agilizar la construcción de casas protegidas hasta alcanzar las 150.000 al año.

En el ámbito de la construcción, Pedro Sobes se ha referido especialmente a la recolocación de trabajadores desempleados. El Plan del Ejecutivo incluye medidas de inserción laboral y de formación profesional para que los parados puedan encontrar trabajo en otro tipo de actividades.

Además, el ministro ha asegurado que se se ofrecerán ayudas extraordinarias de 350 euros durante tres meses para “desempleados con especiales dificultades de inserción y con rentas muy bajas”.

Por otra parte, a partir del año que viene, todas las empresas podrán pedir mensualmente la devolución del IVA. Así, según Solbes, ampliarán su liquidez.

Pedro Solbes y Fernández de la Vega han resaltado que todas estas iniciativas son posibles gracias a la política económica y presupuestaria desarrollada por el Ejecutivo en los últimos cuatro años, que han permitido acumular superávit en las cuentas públicas, y a que España tiene una razonable fortaleza económica.

Sequía

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha concretado que se realizará una conducción urgente de agua ya en circulación desde Tarragona hasta la depuradora de Abrera, en Barcelona, mediante una tubería de un metro de diámetro. La obra requerirá 6 meses de trabajo y una inversión de 180 millones de euros.

De la Vega ha precisado que la iniciativa “atiende a una situación de emergencia”, ya que de persistir la sequía los ciudadanos de Barcelona se encontrarían en octubre sin agua para beber. “Un Gobierno responsable debe atender a esta emergencia”, sería “imperdonable y claramente irresponsable” no hacerlo, ha dicho.

Según la vicepresidenta, el Gobierno y la Generalitat estudiaron distintas alternativas y consideran que ésta es la mejor solución porque supone que no se extraerá “ni una gota más del Ebro”.

Fernández de la Vega ha añadido que es una solución “sostenible” y “temporal”, que sólo se utilizará hasta que entre en servicio la desaladora de El Prat o hasta que termine la situación de emergencia. Además, la conducción no tiene impacto medioambiental, porque se utiliza el trazado de la autopista AP-7.

Asimismo, ha recordado que es igual que otras conducciones realizadas con anterioridad, por lo que, a su juicio, “no deja de ser sorprendente y, bastante lamentable, que se pretenda restar o humillar a los ciudadanos de Barcelona por reclamar exactamente lo mismo que tuvieron con todo derecho y cuando lo necesitaban” otros ciudadanos, como por ejemplo, los de Benidorm entre 1999 y 2001 o los valencianos entre 2006 y 2007.

La Vicepresidenta ha concluido su explicación señalando que “no se extrae ni una gota más del Ebro, por lo que no estamos hablando de trasvase, sino de conducción” de agua ya en circulación, tal y como refleja un informe emitido por la Abogacía del Estado.

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