El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Zamora (PP) logró hoy el apoyo de los dos concejales de la Agrupación de Electores Independientes de Zamora, ADEIZA, para aprobar el Plan General de Ordenación Urbana en el pleno celebrado a primera hora de la mañana.

El documento urbanístico registró los votos en contra del PSOE e IU.

Los votos favorables de Adeiza se lograron después de aceptar la condición de los independientes para que el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León mostraran su compromiso político firme de favorecer la llegada a Zamora del instituto universitario de la Fundación Ortega y Gasset.

El Boletín Oficial de la provincia de Zamora recoge hoy el convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación para llevar adelante ese proyecto, una de las exigencias planteadas por los independientes.

A pesar de que durante las últimas semanas Adeiza ha condicionado la aprobación del PGOU al instituto universitario, el concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, señaló que éste último elemento “no ha entrado en la negociación” y añadió durante el pleno que si se hace “no es por el apoyo de ADEIZA al plan sino por la voluntad política de la alcaldesa Rosa VAldeón”.

Feliciano Fernández defendió la legalidad del plan, aseguró que se adapta a las necesidades de la ciudad y responde al crecimiento que pueda tener la capital en los próximos años. Además, reiteró que se trata de un plan “garantista y participativo” que ha pasado por tres periodos de exposición pública y ha aceptado buena parte de las alegaciones de los ciudadanos.

Rechazó las críticas de la oposición, a la que acusó de torpedear deliberadamente la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. El portavoz de Adeiza, Miguel Ángel Mateos, no ahorró críticas para un plan de urbanismo que, según reconoció, no le gusta y tiene muchos defectos pero mencionó la “responsabilidad” de dar sus votos favorables al documento al haber conseguido lo que pedía al equipo de Gobierno. Reconoció que durante las últimas semanas ha pasado “un calvario” soportando presiones de todo tipo y aseguró sentirse liberado una vez que se ha aprobado el plan.

El portavoz del PSOE, Carlos Hernández, intentó que el plan quedara sobre la mesa aludiendo a las numerosas irregularidades detectadas durante su tramitación. En este sentido, recordó que carece de informes técnicos municipales, tampoco tiene el informe del interventor, incumple el plazo de un año desde la primera información pública, no tiene memoria ambiental ni el informe de sostenibilidad económica.

Carlos Hernández y el portavoz de IU, Francisco Guarido coincidieron al señalar que el ayuntamiento de Zamora no tiene capacidad económica para llevar a efecto el plan, por lo que supone de ampliación de la ciudad y de la necesaria creación de nuevos servicios en el futuro.

“VACÍOS URBANOS”

Hernández apostilló que consolida los vacíos urbanos que existen en el casco antiguo, y los barrios de Olivares, La Lana y La Horta, mientras crea nuevas zonas en el perímetro de la ciudad. En este sentido, señaló que “no es un plan general porque sólo toca los bordes”.

Guarido precisó que se trata de un plan “sobredimensionado” pensado para una hipotética ciudad de 172.000 habitantes, muy lejos de la realidad de Zamora. Contempla, dijo, la clasificación de cinco millones de metros cuadrados de suelos y la construcción de 40.000 viviendas, algo totalmente desmesurado.

Según el portavoz de IU “es un plan megalómano que beneficia a la especulación, destruye 300 hectáreas de terreno agropecuario protegido, encarece los servicios públicos de la ciudad y se preocupa más de recalificaciones que de promover la edificación dentro de la ciudad”. Además, añadió, “no aquilata la dimensión económica del Ayuntamiento” porque poner en marcha el plan puede costar 126 millones de euros.

El pleno se inició a las 8,30 de la mañana y se prolongó durante tres horas. A las 13,30 el concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, lo presentó en el registro de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora apurando los plazos para poder seguir utilizando las normas urbanísticas transitorias concedidas por la Administración Regional.

La Junta de Castilla y León tendrá que ser ahora quien dé el visto bueno definitivo al Plan de Urbanismo, cuya tramitación se ha prolongado cuatro años.

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