En materia de conciliación de la vida familiar y laboral se han firmado acuerdos que  permitirán incrementar en un 2% hasta el 2012 el presupuesto de los programas “Madrugadores”, “Tardes en el Cole” y “Centros Abiertos”, que este año tendrán una aportación de la Junta de 6,2 millones.

El Consejo del Diálogo Social, bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera, ha alcanzado hoy varios acuerdos relacionados con el sector de la vivienda y la conciliación de la vida laboral, familiar y escolar. En lo que se refiere a la vivienda, se han acordado dos iniciativas esenciales para dinamizar el sector, habida cuenta de la actual situación de crisis. Por un lado, la conversión en viviendas protegidas del stock de viviendas libres pendientes de venta en la Comunidad, y, por otro lado, la aprobación de las bases de la futura Ley de Derecho a la Vivienda en Castilla y León.

La situación de crisis que afecta a la economía en general y al sector inmobiliario en particular tiene como una de sus principales consecuencias un notable descenso de la demanda para la adquisición de viviendas de nueva construcción lo que determina un importante número de viviendas que no tienen salida en el mercado.

Las estimaciones más prudentes cifran en 30.000 viviendas de nueva construcción en Castilla y León pendientes de venta que sí serían susceptibles de convertir en viviendas protegidas. Desde el punto de vista social, más de 30.000 familias de nuestra Comunidad podrían acceder a una vivienda y desde el punto de vista económico, esta situación de inmovilización provoca que más de 5.250 millones de euros permanezcan paralizados.

Mediante el acuerdo alcanzado hoy con los agentes sociales y económicos, y con el objetivo de avanzar en la cohesión social y el progreso económico, se pretende incrementar el parque de viviendas protegidas de Castilla y León a la vez que se facilita la salida al mercado del stock de viviendas libres pendientes de venta.

En concreto, los promotores y otras entidades que ofertan viviendas, como son las entidades financieras, ponen a disposición de la Junta las viviendas de nueva construcción pendientes de venta y que ya hayan obtenido licencia de primera ocupación.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ofrece a los ciudadanos, mediante la publicación en la Página Web del Gobierno Regional, la relación de viviendas incluidas en el Acuerdo. De cada una de las viviendas se anunciará las características constructivas, su ubicación, precio, entre otras informaciones. Los contenidos serán interactivos de tal forma que se puedan consultar las viviendas ofrecidas en una determinada localidad, por precio, etc.

Además, se realizarán cuantas gestiones sean necesarias durante el proceso de venta o alquiler, garantizando los derechos de adquirentes y arrendatarios así como tramitar y resolver la calificación de las viviendas como protegidas, siempre que exista un comprador que reúna los requisitos de acceso a viviendas protegidas. Por tanto, se calificarán como protegidas aquellas viviendas en las que exista un contrato de opción de compra o reserva. Las viviendas que no tengan comprador seguirán siendo libres. Asimismo, se tramitarán y resolverán las solicitudes de visado de los contratos así como el reconocimiento de las ayudas que pudieran corresponder a los adquirentes que pueden alcanzar los 18.000 euros.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

Serán libres de nueva construcción, ubicadas en Castilla y León, que hayan obtenido licencia de primera ocupación y se encuentren pendientes de venta. Podrán ser susceptibles del acuerdo aquellas viviendas que cumplan los requisitos necesarios para ser calificadas como protegidas, y en especial, los relativos a superficie útil máxima y precios máximos por metro cuadrado.

Las viviendas podrán ser calificadas como viviendas protegidas en cualquiera de las tipologías existentes en Castilla y León: Vivienda protegida de régimen general o régimen especial, vivienda joven y vivienda de precio limitado para familias.

Las viviendas se podrán ofrecer en régimen de compra, alquiler o alquiler con opción de compra. Al menos el 25% de las viviendas ofertadas lo serán en régimen de alquiler o alquiler con opción de compra.

Para el desarrollo y aplicación del acuerdo, la Consejería de Fomento formalizará un convenio con Promotores y otras entidades que ofertan viviendas; con las Entidades Financieras que se comprometen a facilitar los posibles compradores la financiación previamente reconocida por la Consejería de Fomento; con el Colegio de Notarios y con los Registradores de la Propiedad que velarán por la transparencia en las operaciones y aplicarán los aranceles previstos para la vivienda protegida, y con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León que colaborará en el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación de las actuaciones que se lleven a cabo para el cumplimiento del Acuerdo.

APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA FUTURA LEY DE DERECHO A LA VIVIENDA EN CASTILLA Y LEÓN

El otro gran acuerdo suscrito esta mañana en el marco del Consejo del Diálogo Social es la aprobación de las bases de la Ley del Derecho a la Vivienda en Castilla y León. Un único texto normativo con vocación de permanencia en el tiempo que establecerá de forma ordenada y transparente las condiciones que permitan estimular la promoción y rehabilitación de viviendas en general, y de viviendas protegidas en particular.

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LEY

La futura Ley recogerá los principios fundamentales que versarán sobre la igualdad en el derecho de acceso a una nueva vivienda protegida, la protección de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de vivienda, la garantía de la calidad, habitabilidad y accesibilidad, especial atención a los colectivos más necesitados, transparencia en la edificación y promoción de viviendas, protección medioambiental y garantías sostenibles.

Igualmente, establece como principios fundamentales la libertad de mercado y la libre concurrencia, el establecimiento de las bases para lograr  que los castellanos y leoneses no dediquen más de una tercera parte de sus ingresos en el acceso a una vivienda protegida, la protección del patrimonio arquitectónico de Castilla y León, entre otros.

La futura Ley regulará las competencias en materia de vivienda que corresponden a las distintas administraciones públicas, concediendo un mayor protagonismo a los ayuntamientos. Expresamente, se regularán los instrumentos de cooperación interadministrativa.

Destaca también el impulso a la actuación rehabilitadora, el principio de igualdad frente a la actuación pública en materia de vivienda y una especial atención a los municipios rurales estableciendo una nueva tipología de vivienda adaptada a las necesidades y demanda de la población en los municipios rurales. 

También se contempla la planificación en materia de vivienda con una especial atención al Plan de Vivienda de Castilla y León. Asimismo, se exigirá a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes una planificación en materia de vivienda para acceder a las ayudas de la Junta. Por otra parte, la Junta de Castilla y León podrá realizar planes supramunicipales de vivienda agrupando a núcleos más pequeños.

GARANTÍAS DE ADQUIRENTES Y ARRENDATARIOS

La Ley dedica también un apartado especial a los derechos de los compradores y arrendatarios, con incidencia en el contenido mínimo y en el carácter vinculante de la publicidad que se realice sobre las viviendas, así como en todos los aspectos relativos a la información que se facilite a compradores, en primera y segunda transmisión, o arrendatarios.

Entre otras cuestiones, se desarrollará el Libro del Edificio que recogerá los datos técnicos y jurídicos del edificio que se entregará a los adquirentes y que facilitará el mejor ejercicio de sus derechos, derechos de los usuarios pero también las obligaciones de los agentes intervinientes. El Libro deberá ser depositado por el promotor ante el correspondiente notario.

Se configurará a la Inspección Técnica de los Edificios como instrumento que permitirá mantenerlos en perfectas condiciones de uso y habitabilidad. La Ley regulará los intervinientes, plazos y contenido de esta inspección, así como el preciso visado del Colegio Profesional correspondiente.

LA VIVIENDA PROTEGIDA EN LA LEY

Se regulará de forma exhaustiva el régimen legal de protección pública  promoviendo medidas y actuaciones encaminadas a la generación de suelo con destino a vivienda protegida. Se establecerán las bases para la determinación del valor del suelo en las viviendas de protección pública y se fijarán las condiciones para que en los suelos destinados a la promoción de vivienda protegida se guarde el necesario equilibrio entre las diferentes tipologías de vivienda.

Se incorporará la promoción con gestión pública en cuanto que esté impulsada por la Administración de la Comunidad. Se regulará el acceso a las viviendas de protección pública en base al principio de igualdad. Se dará rango legal al Registro Público de demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León. Se regulará la imposición de multas coercitivas, la declaración de otras actuaciones protegidas así como las medidas de impulso del mercado de alquiler.

La Ley regulará con detalle la promoción de viviendas protegidas. Recogerá las diferentes modalidades de promoción (pública, privada, convenida y concertada) y también las figuras del autopromotor y del promotor para uso propio. También se contemplan las diferentes ayudas a los promotores de viviendas protegidas.

Asimismo, se regula la colaboración y participación entre los distintos agentes que forman parte del mercado inmobiliario y se prevé un régimen sancionador en materia de vivienda.

LA JUNTA DESTINA 6,2 MILLONES DE EUROS A LOS PROGRAMAS “MADRUGADORES”, “TARDES EN EL COLE” Y “CENTROS ABIERTOS” EN 2009

La Junta de Castilla y León destinará 6,2 millones de euros a lo largo de 2009 a los programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral “Madrugadores”, “Tardes en el Cole” y “Centros Abiertos” y ha acordado incrementar cada año y hasta 2012 su presupuesto en un 2%. En concreto, estos tres programas, en los que han participado ya más de 22.000 escolares de Castilla y León,  recibirán este año una asignación de 6.265.395 euros y hasta 2012 las cantidades establecidas por cada ejercicio serán de 6.390.702,9 euros, 6.518.516,9 euros y 6.648.887,2 euros, respectivamente, lo que representa el incremento anual fijado.

El Programa “Madrugadores” consiste en la ampliación del horario de apertura de los colegios en los que se oferta este servicio durante todos los días lectivos, desde las 7.30 horas hasta el inicio de las clases. Este programa dispone de un monitor por cada 18 alumnos, a los que se sumará otro cuidador adicional siempre que se supere esta cifra y sus múltiplos. En el caso de los escolares con necesidades educativas especiales, cuentan con un monitor por cada 6 alumnos y, partir de esta cantidad, habrá dos monitores, a los que se sumará otro por cada seis escolares.

“Tardes en el Cole” se basa en la ampliación del horario de los centros desde la finalización de las clases durante todos los días en aquellos colegios en los que se oferta este servicio. Al igual que en “Madrugadores”, el programa dispone de las mismas proporciones de monitores por alumnos.

Finalmente, “Centros Abiertos” consiste en la apertura, los días laborables no lectivos y los sábados laborables de octubre a junio, así como de lunes a viernes durante el mes de julio, de los centros públicos que ofertan este programa. “Centros Abiertos” dispone por cada 30 alumnos de dos monitores y, por cada 17 escolares más se incrementará la figura del cuidador. En el caso de los escolares con necesidades educativas especiales, la proporción será idéntica a la establecida para los programas Madrugadores y Tardes en el Cole.

En este programa se ha establecido de forma excepcional y sólo durante el periodo vacacional de verano, del 24 de junio al 31 de julio, una fórmula de copago. Las familias que utilicen el servicio durante los 28 días abonan por usuario 80 euros (2,86 euros al día). Aquellas familias que hagan uso del programa 2, 3 ó 4 semanas desembolsarán por usuario 40, 60 u 80 euros, respectivamente, mientras que las madres y padres que utilicen “Centros Abiertos” una semana pagan 25 euros por usuario. Además, las familias numerosas de categoría general pagarán el 50% de la tarifa y las familias numerosas de categoría especial están exentas del pago.

La Mesa de Diálogo Social acordó a su vez la forma, financiación y gestión de los programas y los plazos para su implantación y continuidad. En los tres programas los padres y tutores deben acreditar que desarrollan su vida laboral durante las horas y periodos en los que sus hijos acuden a los centros, como requisito indispensable.

El número mínimo de usuarios por centro, los horarios, el número de monitores de cada programa, la fórmula excepcional de copago en verano y en exclusiva del Programa Centros “Abiertos”, sus tarifas y el seguimiento de estos tres programas de conciliación fueron otros de los acuerdos adoptados por el Gobierno autonómico y los agentes sociales.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO

Por último, el Consejo del Diálogo Social ha aprobado esta mañana su reglamento de funcionamiento interno que, entre otras cuestiones, establece que el viceconsejero de Empleo sea nombrado Secretario del Consejo del Diálogo Social, labor de que desempañaba en funciones desde la constitución del Consejo en noviembre de 2008.

El Reglamento se estructura en tres títulos: el primero se refiere a la naturaleza, competencias y régimen de actuación del Consejo para ejercer las competencias como órgano de encuentro y de participación institucional que se establece en la ley de creación (Ley 8/2008, de 16 de Octubre).

Por otra parte el título segundo del reglamento regula los distintos órganos del Consejo, la composición, competencias concretas de cada órgano, reuniones, convocatorias y la fórmula de adopción de acuerdos. Tanto el Consejo como la Comisión Permanente adoptan sus decisiones por unanimidad. Además del Consejo, son órganos del mismo el Presidente, la Comisión Permanente, las Comisiones Negociadoras y Especializadas. También regula las funciones del Secretario.

El Consejo puede acordar, a propuesta de la Comisión Permanente la creación de Comisiones Especializadas y Comisiones Negociadoras. Estas Comisiones Negociadoras remitirán sus propuestas consensuadas de acuerdo a la Comisión Permanente, para su consideración y elevación al Consejo del Diálogo Social. El Secretario del Consejo lo es también de la Comisión Permanente.
Por último el título tercero se refiere a los medios técnicos del Consejo que establecerá medios personales y materiales con los que dotará a la Oficina Técnica que elaborará la memoria anual y los informes de los acuerdos del dialogo social.

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