El Consejo de Gobierno celebrará mañana su habitual reunión semanal, en la que tratará, entre otros asuntos, la aprobación del anteproyecto de Ley por la que se regula la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León. El establecimiento de una Renta Garantizada de Ciudadanía supone el reconocimiento de un nuevo derecho subjetivo que beneficiará a las personas que se encuentran en situación de exclusión social. El proyecto de Ley establece que la cuantía básica mensual de la prestación de la Renta será el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Públicos, IPREM.

El derecho a una Renta Garantizada de Ciudadanía a quienes se encuentren en situación de exclusión social está contemplado en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. El proyecto de Ley aprobado hoy determina las condiciones de disfrute de este derecho. El contenido del proyecto es fruto del consenso y fue acordado el pasado 28 de diciembre de 2009 en el Consejo del Diálogo Social, que reúne a la Junta de Castilla y León y a los agentes sociales (organizaciones empresariales y sindicales).

Entre otros aspectos, el proyecto de Ley establece el carácter y finalidad de la Renta Garantizada de Ciudadanía, sus beneficiarios, requisitos para su percepción, cuantía de la misma, normas de procedimiento para su percepción, acciones para superar la situación de exclusión social, órganos competentes para la gestión de la Renta y mecanismos de seguimiento y control.

Naturaleza de la Renta Garantizada de Ciudadanía

El proyecto de Ley define a la Renta Garantizada de Ciudadanía como una prestación social, de naturaleza económica y percepción periódica y la considera como “la última red de protección”, de forma que se reconocerá una vez solicitadas todas las prestaciones a las que puedan tener derechos los destinatarios, se haya resuelto su no concesión o se haya agotado su percepción.

Objetivos y concepto de exclusión social

La finalidad de la Renta es proporcionar los medios y apoyos necesarios para cubrir las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de las personas que se encuentran en situación de exclusión social. En este sentido, hay que destacar que el proyecto propone una acepción más amplia y novedosa del concepto de exclusión social. En lugar de referirse tan sólo a los tradicionales procesos individuales de marginación, se extiende a la condición más objetiva de ausencia o insuficiencia de recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado.

En este contexto, el proyecto clasifica las situaciones de exclusión social en estructurales y coyunturales. Situaciones de exclusión social estructurales son aquellas que tienen su origen en factores sociales de marginación o discriminación que provocan situaciones de necesidad y que en supuestos extremos, por su intensidad y persistencia, generan situaciones clasificables como de exclusión crónica. Las situaciones de exclusión social coyunturales son aquellas que suponen una dificultad de naturaleza exclusivamente económica, consecuencia de la ausencia o pérdida temporal de la fuente de ingresos.

Beneficiarios

Podrán solicitar la percepción de este derecho los ciudadanos de Castilla y León de entre 25 y 64 años de edad, los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite y a las mujeres víctimas de violencia de género que por este motivo se hayan trasladado a la Comunidad desde otra región de España. Hay que resaltar que el proyecto de Ley mantiene una especial sensibilidad con las mujeres víctimas de violencia de género.

Asimismo, el proyecto otorga a la Renta la consideración de renta familiar, esto es, la consideración de beneficiarios tanto a su titular como a los restantes miembros de la unidad familiar o de convivencia.

Prestación económica

La cuantía básica mensual de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía será el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada ejercicio económico. A esta cuantía básica hay que añadir un complemento por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia dependiente del titular de la prestación. Este complemento es del 25% de la cuantía básica por el primer miembro, 15% por el segundo y 10% por el tercero y siguientes.

Proyecto individualizado de inserción

El proyecto de Ley contempla la “contribución activa, comprometida y responsable” de los destinatarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía para superar la situación de exclusión social.

Para lograr superar esta situación se elaborará un proyecto individualizado de inserción. Se trata de un itinerario programado para alcanzar la integración social y contiene las obligaciones y compromisos que han de ser suscritos por el solicitante.

Competencias

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León será la encargada de la gestión de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, mediante la creación de equipos multidisciplinares para la determinación de las diferentes situaciones y con la colaboración de las corporaciones locales competentes, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) y otros órganos de la Administración de Castilla y León.

Asimismo, se creará una Comisión de Seguimiento de la Prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, adscrita a la consejería competente en materia de Servicios Sociales. Esta Comisión llevará a cabo el seguimiento general de la Renga Garantizada de Ciudadanía, la evaluación de sus resultados y la propuesta de actuaciones de mejora general de la prestación, velando por la consecución de sus objetivos en el marco de la planificación de acciones frente a la exclusión social.

Las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía se determinarán mediante un reglamento.

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