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Denuncian al alcalde de Benavente por permitir durante 4 años la actividad del centro de hemodiálisis sin licencia

La denuncia por prevaricación de los populares al regidor, Luciano Huerga, se basa en el conocimiento que ha tenido éste de la falta de «todo tipo de licencia» para prestar el servicio privado de hemodiálisis en Benavente.

La falta de licencia, sin control municipal, supone una falta de garantías para la prestación del servicio con seguridad.

Esta permisibilidad del alcalde y su equipo de gobierno contrasta con el exceso de celo y vigilancia que desde el ayuntamiento de Benavente se ha tenido con otras empresas a las cuales si se les ha impedido ejercer su actividadL

El Partido Popular, tras meses advirtiendo al equipo de gobierno municipal, finalmente ante la pasividad del alcalde y de su equipo de gobierno, ha presentado denuncia en los Juzgados de Benavente contra el Alcalde de Benavente, Luciano Huerga y contra la Concejal de Urbanismo, Sandra Veleda, por un presunto «delito de prevaricación, al haber actuado de forma arbitraria y a sabiendas de la ilegalidad de su decisión».

Aseguran que el Alcalde de Benavente ha permitido el ejercicio de la actividad a la empresa privada concesionaria del servicio de hemodiálisis en la ciudad durante prácticamente cuatro años, careciendo de todas las licencias exigibles (licencia de obras y ejecución, licencia de primera ocupación y licencia de actividad). Para el Partido Popular esta falta de control, supone además una negligencia ya que no se garantiza la calidad y seguridad en la prestación de un servicio especialmente sensible como lo es el de hemodiálisis.

El Ayuntamiento tiene además pleno conocimiento del ejercicio de la actividad de la empresa. En el año 2016, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente, presidida por el alcalde, Luciano Huerga, denegó expresamente la concesión de licencia de obras y primera ocupación a la empresa. «El Alcalde ha sido conocedor en todo momento de la ilegalidad que se estaba produciendo«.

Para los populares, el Alcalde ha creado además «un agravio comparativos con otros ciudadanos frente a los cuales se aplicaba la Ley de modo inflexible». Qué pensarán estos ciudadanos sobre la arbitrariedad con la que ha actuado el alcalde, se preguntan desde el PP de Benavente.

El ejercicio de la actividad por parte de la empresa ha sido objeto de numerosas quejas y denuncias vecinales durante los últimos años.

«Resulta, como poco, contradictorio el hecho de permitir durante años una actividad sin la existencia de las preceptivas licencias, que se hayan ocasionado las consabidas molestias y denuncias de los vecinos, para acabar siendo finalmente sancionada dicha empresa por ruidos por parte del propio Ayuntamiento».

Desde el Partido Popular consideran que si el local donde la empresa ejerce su actividad no cumple con la normativa, transcurrido un tiempo prudencial, se le debería de haber requerido a la empresa para que hubiese buscado otro lugar o espacio adecuado para realizar la actividad, y poder continuar prestando el servicio en las debidas condiciones.

«El PP pone en duda que en el contrato firmado con la Junta de Castilla y León figurará que podía prestar el servicio en unas dependencias que carecieran de las respectivas licencias y no fueran «legalizables», según consta en los informes técnicos». Y aunque así fuera, los pliegos de un contrato administrativo nunca prevalecen sobre la Ley y las Ordenanzas municipales, por lo tanto esta no podría ser tampoco una excusa para el alcalde de Benavente.

Muy al contrario, los informes técnicos «advierten del riesgo y el peligro que supone para las personas el ejercer este servicio sin las correspondientes licencias urbanísticas y sin estar adaptadas las instalaciones a la normativa legalmente establecida». Por ello, y tras muchos y repetidos avisos, el Partido Popular de Benavente ha denunciado al alcalde por prevaricación. Esto es, un delito que consiste en que una autoridad u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

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