En concreto, el informe elaborado por ATA pone de manifiesto que a pesar de la entrada en vigor de la Directiva Europea, tanto las administraciones públicas como el sector privado siguen incumpliendo la Ley y los periodos medios de pago se sitúan en 144 días, frente a los 30 que establece la Ley, en el caso de las administraciones, y en 85 días en el sector privado, frente a los 60 que da de …

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