El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón Beltrán, ha asistido en la mañana de hoy lunes, día 22 de diciembre, a la reunión del Consejo Territorial de Dependencia que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Educación en Madrid. Entre otros asuntos, en el encuentro mantenido hoy se ha abordado la aprobación de dos Reales Decretos relacionados con el desarrollo y aplicación de la Ley de la Dependencia: el Real Decreto por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a las personas dependientes y el Real Decreto sobre las cuantía máximas de las prestaciones económicas establecidas en la Ley.

La aprobación de ambos decretos supone en palabras del consejero regional una muestra de la falta cohesión en el Sistema Nacional de la Dependencia así como la falta de Cohesión y Correlación entre el espíritu que recoge la Ley y la regulación unilateral que está llevando a cabo la Administración General del Estado.

Antón destacó la falta de voluntad del gobierno de la nación para que todas las personas dependientes y sus familias sean iguales ante la ley y para que accedan de igual manera a las prestaciones y las reciban con equidad, en función de una misma situación personal de dependencia.

El consejero de Castilla y León hizo especial hincapié en los desequilibrios territoriales que la aplicación de la Ley de Dependencia está generando por la falta de un desarrollo único y común para todo el Estado que demuestra, asimismo, una falta de liderazgo del gobierno central ya que no logra acuerdos de consenso entre las Comunidades Autónomas. Además, Antón señaló la  falta de responsabilidad del gobierno de la nación con desarrollos de la Ley que pueden producir inseguridad jurídica para las personas dependientes.

El responsable autonómico reiteró la falta de una financiación suficiente y adecuada por parte del gobierno de la nación en los Presupuestos Generales del Estado para que la Ley sea una realidad efectiva ya que, señaló, el gobierno central aporta menos que las personas dependientes y sus familias.

El consejero de Familia resaltó la falta de coherencia y correlación entre el espíritu de la Ley y la regulación unilateral que está llevando a cabo el gobierno de la nación ya que la Ley de Dependencia prioriza que la atención a la dependencia se realice a través de la prestación de servicios (atención residencial, ayuda a domicilio, atención en centros de día,….) y excepcionalmente a través de prestaciones económicas.

La  Ley  y el propio baremo único para todo el Estado relacionan los grados de situación de dependencia y la cartera de servicios que deben  concederse  para esas situaciones, incluso  regulando su nivel de intensidad para garantizar una atención de calidad. Así todas las personas dependientes de grado III( niveles 1 y 2 ) y de  grado II (niveles 1 y 2) les corresponde atención residencial  y, por supuesto, ayuda a domicilio.

De modo que si la prioridad de la Ley es la prestación de servicios y que sean de calidad para atender adecuadamente a las situaciones de dependencia es importante conocer el coste de los servicios y, por tanto, saber lo que aporta cada uno para financiar la dependencia (la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los usuarios).

La evolución de la aportación de la Administración General del Estado por el nivel mínimo oscila entre los 264 euros mes para un gran dependiente y los 70 euros al mes para un dependiente severo, es decir una aportación media de 154 €/mes. En ambos casos, la cartera de servicios de la Ley como la valoración según el baremo único, contempla la atención en residencia como prestación para estos casos. También en ambos casos se establece como prestación el servicio de ayuda a domicilio, si bien es cierto que para el primer caso con una intensidad de 90 horas y para una persona dependiente severa 40 horas al mes.

También la evolución de las aportaciones de la Administración General del Estado en el nivel acordado sigue unas proporciones descendentes similares que se observan en los convenios entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas.

Estas situaciones se confirman, por ejemplo, en los casos de atención residencial. Así, si el coste medio de una plaza residencial es de  2.500 euros al mes, la aportación media de la Administración General del Estado sólo supone el 12% del coste total de la plaza y el 88% restante lo aporta la Administración Regional y los dependientes y sus familias.
De manera más concreta, para las personas dependientes severas que acceden por primera vez en 2009 (70 euros al mes por nivel mínimo), la aportación total de la Administración General del Estado supone, por tanto, que su aportación sólo costea dos días de atención residencial. Es decir, la mitad que para un gran dependiente cuando la atención residencial que debe corresponderles a ambos debe ser con las mismas condiciones de calidad.
Por otro lado, en el caso del servicio de ayuda a domicilio, el coste medio de una hora es de 15€. Según el Real Decreto que regula las intensidades del servicio de  ayuda a domicilio a un gran dependiente le corresponden 90 horas al mes  y a un dependiente severo 40 horas al mes, prácticamente la mitad. De modo que el coste del servicio será de 1.350 €/mes para un gran dependiente y de 600€/mes para un dependiente severo.

Con la aprobación del nuevo Real Decreto del nivel mínimo para el año 2009, la aportación de la Administración General del Estado, como ya se ha señalado, es de 264€/mes para un gran dependiente, y de sólo 70€/mes para uno severo.

La aportación de la Administración General del Estado, según este mismo decreto, para una persona dependiente severa será de 70€/mes. Es decir, que mientras según el decreto de intensidades, a un dependiente severo le corresponde solamente la mitad de horas de ayuda a domicilio al mes que a un gran dependiente, el Real Decreto de Aportaciones por el nivel mínimo de la Administración General del Estado aporta casi cuatro veces menos.
En ambos casos, teniendo en cuanta esta aportación, y la que se deduce de los convenios para el nivel acordado, la aportación del gobierno central no llega al 14% y el 86% restante lo soportan las personas dependientes y las Comunidades Autónomas.

Así, con la aportación del gobierno central a través del nivel mínimo se garantiza a las nuevas personas dependientes para el 2009 sólo 5 horas al mes de las 40 horas que el propio Real Decreto del mismo gobierno que considera necesarias para una atención de calidad. Es decir, que el gobierno central garantiza poco más de una hora de ayuda a domicilio a la semana de las diez que debe recibir la persona dependiente.

Lo mismo sucede si se traslada la aportación del gobierno central en el caso del Real Decreto que fija las cuantías máximas de las prestaciones económicas. Con sus aportaciones no se garantiza que con las prestaciones económicas vinculadas al servicio se puedan adquirir los servicios que las personas requieren según su situación de dependencia.
Por tanto, el responsable autonómico manifestó que la aprobación de ambos decretos en el seno del Consejo Territorial suponen una financiación que no sólo es insuficiente por parte de la Administración General del Estado sino que su aportación se ve reducida año tras año. 
Respecto a otro de los asuntos abordados en la reunión, la modificación del Real Decreto 614/07 que regula la forma de pago del nivel mínimo por parte de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas, Antón señaló que supone un claro  recorte de los derechos de las personas dependientes porque intenta recortar el derecho de acceso a las prestación de las personas dependientes que se reconoce en la propia Ley, retrasa el pago a los beneficiarios de la prestación y aumenta la burocracia.

Por último, respecto a la propuesta del reparto de 400 millones de euros a las Comunidades Autónomas, Antón señaló que se trata tan sólo de una mera asignación teórica puesto que establece una serie de requisitos y trámites que, en la práctica, impiden que dichas cuantías lleguen realmente a las comunidades autónomas.

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