1.- La mejor política social es una buena política económica. La crisis económica se ceba con los colectivos más desfavorecidos. Hay que abandonar la política de los subsidios y apostar por la política del empleo.

Politicas para las personas

2.- Es necesario modificar la “Ley de la Dependencia” para que colectivos como las personas con enfermedad mental no se vean excluidos, agilizar los trámites e incrementar la financiación estatal. Asimismo es necesario realizar políticas de promoción de la autonomía como medida para retrasar la dependencia.

3.- Las mujeres no queremos cuotas ni paridad, queremos igualdad de oportunidades, igualdad salarial y una política que favorezca y propicie tanto la contratación femenina como el acceso a puestos de responsabilidad y que sancione a las empresas que dificulten este acceso y que practiquen discriminación salarial.

4.- Las pensiones mínimas tienen importes insuficientes para garantizar la subsistencia de las personas. Es preciso incrementar las cuantías en aquellos casos como en las de viudedad en las que hay un solo perceptor por unidad familiar. Necesidad de practicar una política de ahorro que garantice el mantenimiento del sistema público de pensiones.

5.- La violencia de género es un problema que afecta a toda la sociedad y es fruto de la desigualdad entre mujeres y hombres y por tanto un problema de educación. Se considera necesario modificar la normativa educativa para que de modo transversal se trabaje con la igualdad desde Primaria. Deben crearse más Juzgados de violencia de género específicos y no acumularles las funciones a los de Primera Instancia e Instrucción para dar una justicia rápida y eficaz a las víctimas.

6.- Los discapacitados y las personas afectadas por alguna enfermedad mental no son un lastre. Se debe potenciar el acceso al mercado laboral de estos colectivos mediante medidas que favorezcan tanto su contratación como la adaptación de los puestos de trabajo.

7.- La principal preocupación de los jóvenes españoles es el desempleo por cuanto les limita el acceso a una vivienda y por tanto a su emancipación.

8.- Inmigración sí, pero de manera organizada y controlada. Las regularizaciones masivas han perjudicado al colectivo de inmigrantes que ahora se ve afectado de manera considerable por la actual crisis económica siendo uno de los colectivos más afectados por el desempleo.

9.- Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los servicios y recursos sociales de calidad con independencia de su situación económica, siendo necesario para la viabilidad y mantenimiento del sistema que cada usuario contribuya al sostenimiento de los mismos conforme a su capacidad económica.

10.- Se reconoce el gran esfuerzo presupuestario que las entidades locales, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León están realizando para garantizar el acceso de los ciudadanos a los recursos sociales, siendo preciso que el gobierno central incremente considerablemente su contribución a la financiación de los mismos.

11.- Consideramos fundamentales las medidas que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para el completo desarrollo de las personas. Acierto total del traslado de esas medidas al mundo rural como es el caso del programa Crecemos que facilita a las mujeres del mundo rural compaginar su trabajo con el cuidado y atención a sus familias.

12.- Entendemos que los ciudadanos del ámbito rural no son ciudadanos de segunda y por tanto tienen el mismo derecho de acceso a los recursos sociales que la población urbana. Estupenda valoración de los comedores sociales en el ámbito rural no sólo por su carácter asistencial sino por su faceta resocializadora de sus usuarios, fundamentalmente de la tercera edad.

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