Hace más de treinta años, en el inicio de nuestra andadura democrática, los políticos (nuestros políticos, pues nosotros les ponemos), nos dijeron a los ciudadanos que debíamos votar a favor de la tan cacareada DESCENTRALIZACIÓN. Pecado capital del autoritarismo anterior. Descentralización que recoge el preámbulo de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero del Estatuto de Autonomía de Castilla y León: “De acuerdo con su TRADICIÓN HISTÓRICA, los Municipios y las DIPUTACIONES PROVINCIALES, ven expresamente declarada la Autonomía que la Constitución les reconoce, al tiempo que el Estatuto establece los mecanismos adecuados que, a través de la PARTICIPACIÓN de AQUELLAS, permitan la más amplia DESCENTRALIZACIÓN FUNCIONAL en el ámbito de la Comunidad”. Ante el propio devenir de las Instituciones Provinciales durante este largo periodo de tiempo, y la trayectoria de sus propias actuaciones, relegadas, en la mayoría de los casos a asuntos puramente testimoniales –cultura, turismo, gestión cinegética, deporte, ayudas al desarrollo, etc. Salta la alarma social entre los ciudadanos castellanoleoneses, que ven como las primeras Instituciones Provinciales, quedan peligrosamente relegadas a meros Órganos de gestión delegada de la Junta de Castilla y León y, lo que es más preocupante, de aquellas funciones que a las propias Consejerías no les interesa ejecutar. Y, en algún caso, su duplicidad-.

Hoy la tendencia de la Junta y de los Partidos Políticos es totalmente contraria al preámbulo de nuestro Estatuto y contraria a la filosofía de la Constitución, comprometida con la descentralización y con el acercamiento de la Administración a los administrados. Y contraria, también, a la intención de voto de los ciudadanos, incumpliendo su mandato. Su intencionado y progresivo vacío de contenido propiciado por nuestros políticos (los que nosotros hemos votado) les condena a su desaparición.

La composición actual de las Diputaciones Provinciales, manejadas por Diputados Provinciales con abusiva mayoría “Urbana”, y elegidos directamente “A DEDO” en función de su fidelidad y servicio al Partido, sin posibilidad de elección directa por los propios conciudadanos de sus Comarcas, consagran así, la antidemocrática politización de estas Instituciones Provinciales, convirtiéndolas en meros cotos privados del partido gobernante, impidiendo que “sirvan con objetividad los intereses generales”, tal y como manda el Art. 103.1 de nuestra Constitución. La transitoria actuación política de los Diputados Provinciales así elegidos, ha suplantado la eficacia de los funcionarios de carrera y personal cualificado trastocando peligrosamente las responsabilidades fundamentales y despilfarrando el sólido patrimonio institucional, de todos, heredado de las centenarias Diputaciones.

Sólo una reacción de los ciudadanos de Castilla y León en defensa de sus propios intereses, apoyando a aquellos partidos que, de verdad, intentan defender los intereses de nuestra Región, por encima de la sumisión sucursalista a las directrices de los partidos centralistas que gobiernan nuestra Comunidad desde Madrid, sólo una reacción así, podría evitar la catástrofe a la que Castilla y León está abocada, desde el punto de vista de Gobierno real e independiente que hoy nos usurpan los partidos políticos en nuestras instituciones.

NO sobran las DIPUTACIONES. Sobran los políticos puestos a DEDO. Faltan Elecciones directas Comarcales de DIPUTADOS y Funcionarios de Carrera y Personal cualificado por Oposición-.

Pablo García Cubero.
Unidad Regionalista de Castilla y León. 
 
www.unidadregionalista.es

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